La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que el acoso judicial ha puesto en riesgo la libertad de expresión en México, pues se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de censura, no solo contra la prensa, sino también contra ciudadanos.
En su más reciente informe presentado en la 81 Asamblea del organismo internacional, detalló que este acoso judicial ha cobrado relevancia con el abuso que se ha hecho por parte de gobernantes y funcionarios del argumento de la “violencia política de género” para presentar demandas legales y así inhibir la opinión y la crítica aduciendo un supuesto daño moral.
En su reporte, la SIP enlista varios casos en los que se ha empleado esta figura para intimidar periodistas, entre ellos el del columnista Héctor de Mauleón y el diario El Universal, denunciados por la entonces magistrada Tania Contreras, quien ahora es la responsable del Poder Judicial en Tamaulipas. Ella adujo que se ejerció violencia de género en su contra porque se revelaron prácticas de nepotismo y sus posibles nexos con grupos del crimen organizado dedicados al huachicol
De igual forma, se citó el proceso legal que inició la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra del periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario digital Tribuna, por supuesta incitación al odio y violencia de género. Las consecuencias de esta acusación fue una decisión de un juez para cerrar el medio de comunicación por dos años, además de prohibirle a González Valdez ejercer el periodismo en ese lapso. Asimismo se le asignó un censor que debe revisar sus columnas antes de ser publicadas para evitar que mencione a la mandataria estatal.
Otro caso sobre el que la SIP lanzó una advertencia fue el de la ciudadana Karla María Estrella, sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por publicar un comentario en su cuenta de X, en el que criticaba el nepotismo entre el diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Diana Karina Barreras, apodada en las redes como #DatoProtegido. Se le impuso una multa, una disculpa pública obligatoria durante treinta días y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, hasta 2027. La ciudadana anunció su decisión de presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El organismo también expresa su preocupación por la actitud ambivalente del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum ha tenido hacia la prensa, pues por una parte, la mandataria ha endurecido su discurso en contra de medios y periodistas que han sacado a la luz casos de corrupción de la pasada y la actual administración; pero por otra, se pronunció públicamente en contra de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones aprobada por el Senado, donde se daban atribuciones al gobierno para bloquear plataformas digitales.
Asimismo, la SIP subrayó la opacidad como una constante de la presente administración, pues al eliminar los organismos autónomos de transparencia, se ha dificultado el acceso a la información a la ciudadanía, pues la oficina denominada Transparencia para el Pueblo ha desechado 99.6 por ciento de las solicitudes de información.
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