Ante la suspensión definitiva de las obras del Tramo 5 del Tren Maya ordenada por un juez, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que las obras se iniciaron sin Manifestación de Impacto Ambiental, pero afirmó que nada va a detener a su gobierno para proseguir y que aunque la obra esté parada por ahora, pronto “se va a reiniciar”.
La víspera, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), emitió un comunicado de prensa en el que se burla de la definitividad de la sentencia, pues señala que la “suspensión judicial es definitiva únicamente hasta que se resuelva de fondo la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) actualmente en trámite”. Es decir, que admite que las obras arrancaron sin cubrir un esencial requisito.
El comunicado de Fonatur señalaba que las obras seguirán “para orgullo del pueblo de México” y esta mañana, en su conferencia mañanera, el presidente agregó que la determinación de un juez de suspender las obras del Tramo 5 es un “asunto politiquero”, promovido por ‘pseudoambientalistas’ conservadores financiados por el gobierno de Estados Unidos.
A pregunta expresa sobre el fondo del asunto de la suspensión, que es que se iniciaron las obras sin contar con la MIA, AMLO admitió la irregularidad, misma que también aceptó el propio Fonatur en su comunicado, pero quitándole importancia, como si fuera un trámite menor.
Respecto a la MIA, AMLO dijo que “vamos a continuar con todo el procedimiento legal, sin ningún problema y estamos seguros de que la obra va a continuar, como no es mucho el tramo, aunque esté parada la obra ahora vamos a reiniciar y a recuperar tiempo”.
A pesar de que con toda claridad aceptó que la obra inició sin contar con el estudio de impacto ambiental, el presidente dijo que el amparo interpuesto por ambientalistas “no tiene fundamento”.
“Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento”.
Recurrió a su habitual estrategia de denostar a quienes se oponen a la obra, llenándolos de adjetivos.
“Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudo ambientalistas, financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos”, dijo.
Según él, el haber arrancado las obras sin la MIA no es algo inadecuado, ya que él mismo emitió un acuerdo para dar “tiempo a las empresas de entregar toda la documentación que se necesitaba y la Suprema Corte declaró procedente o válido el decreto”.
Lo que no dijo el presidente es que aun cuando la SCJN haya validado dicho decreto, el fundamento del amparo para suspender las obras es el riesgo de un daño profundo e irreversible en el ecosistema, mismo que no se resuelve con una prórroga al entregar ninguna documentación.
Según él “de todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la nación, antes hacían y deshacían, pero ya no es así”.
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