El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó que las obras del Gobierno de México serán no sólo de interés público sino de seguridad nacional, lo que significa que deberán ser aprobadas por fast track y se garantiza la opacidad en el gasto. Esto ocurre en el contexto de la militarización y de las denuncias de irregularidades del Ejército.
La tarde de este lunes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo presidencial, en cuyo artículo primero se establece lo siguiente: “Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
En el artículo segundo el acuerdo de López Obrador dispone que las dependencias y entidades de la administración pública federal otorgarán la autorización provisional “a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”.
El acuerdo fue rubricado por los 18 secretarios de Estado.
Esto ocurre en el contexto de la entrega de diversos proyectos que López Obrador ha hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el pretexto de evitar que sean privatizados. Para asegurar los bienes, serán entregados a una empresa que será manejada por esa dependencia.
Prácticamente en respuesta a la muy conveniente entrega presidencial, el fin de semana el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, hizo propaganda política al afirmar que “como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha”.
También, y no es de ninguna forma un dato menor, el acuerdo de López Obrador sucede en el contexto de la revelación, por parte de Latinus tras el análisis de 966 contratos, de las numerosas irregularidades en que ha incurrido la Sedena en las obras de construcción de los aeropuertos de Texcoco y de Santa Lucía. Se suponía que el presidente estregó al Ejército este último proyecto para evitar la corrupción.
Por la noche el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales manifestó que analiza si el acuerdo presidencial se contrapone a las leyes General de Transparencia y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al mismo tiempo advirtió que sus áreas especializadas “exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado , sin restricción alguna”.
Hacia el Estado de excepción
De inmediato en redes sociales hubo una extendida respuesta de rechazo. Se mencionó que el decreto es violatorio del artículo sexto constitucional. Así, por ejemplo, José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue contundente con su sentencia en Twitter: “Este decreto del Presidente es evidentemente inconstitucional”.
Muchos citaron el hilo al respecto del abogado Gerardo Carrasco, quien considera que el acuerdo presidencial no tiene fundamento jurídico válido, además de que pretende poner la voluntad del Ejecutivo sobre las leyes administrativas. Además, aclara que la seguridad nacional tampoco sirve para desobedecer ni el principio de legalidad ni los derechos humanos, tal y como lo estableces la Ley de Seguridad Nacional.
Carrasco añadió que el decreto también desconoce los procedimientos establecidos en las leyes administrativas, como ocurre con la afirmativa ficta que dispone el acuerdo de López Obrador. Concluye: “Con este Decreto, el Gobierno desobedece de manera burda y descarada su obligación de respetar la Constitución, los t. internacionales, la ley y los ddhh, para la ejecución de un # indeterminado de proyectos considerados de seguridad nacional en cualquier materia”.
🚨⚠️Comparto algunas razones por las cuales considero, como abogado, que este Decreto es inconstitucional e ilegal.
Abro hilo: pic.twitter.com/6EBEwBvDW2
— Gerardo Carrasco (@GerCarrasco90) November 23, 2021
José Roldán Xopa, profesor de derecho del CIDE, también criticó severamente la medida de López Obrador: “No basta que un acto del presidente diga que algo es de seguridad nacional para que lo sea. Se requiere de facultades expresas y de una debida motivación.
“Al pretender establecer un régimen de excepciones, debe tener, a mi juicio, una motivación reforzada. El acto del presidente presenta diversas fallas de origen en fundamentación y motivación.
“Los buenos jueces tendrán una extraordinaria oportunidad para establecer controles a un acto que busca la excepcionalidad y la inmunidad del poder”.
Otro jurista estudioso de la corrupción en México, Miguel Ángel Meza, comentó la jugada de López Obrador: “Declarar que algo es de ‘seguridad nacional’ es una estrategia que ya ha sido utilizada antes este sexenio. Su propósito es implementar un Estado de excepción: sin derechos humanos, sin límites legales, sin control judicial. Pasó en los juicios del NAIM y lograron su objetivo”.
Leonardo Núñez González, uno de los mayores estudiosos de la opacidad en el manejo de los recursos públicos, explicó el decreto de López Obrador de la siguiente forma: Esto que acaba de salir en el @DOF_SEGOB es de un PELIGRO extremo:
“—Proyecto que le venga en gana a @lopezobrador_ se declarará de seguridad nacional.
“—Las dependencias deben saltarse todos los requisitos y autorizarlas ya.
“Viene MÁS discrecionalidad, MÁS opacidad y MÁS poder”.
Para Marco Levario, director de etcétera, se trata de un peligro para la democracia mexicana: “El decreto es inconstitucional, manda al diablo leyes e instituciones y establece la opacidad para evitar ser exhibido por ineficaz y corrupto. Mensaje a los tibios: Vivimos un enorme riesgo para la democracia. Debemos exhibir al tirano López Obrador en todos los frentes”.
La politóloga María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, considero el acuerdo como muy grave: “Una vez más el presidente ordena a los titulares de las dependencias a violar la ley. Para describir este decreto no hay más q una palabra: corrupción. Bueno dos: corrupción e impunidad”.
Sobre el decreto Carlos Loret de Mola, periodista de Latinus en cuyo programa apareció el reportaje sobre las irregularidades del Ejército en la construcción de los aeropuertos, tuiteó: “Que dice el presidente que en la vida volvemos a revisar 966 contratos…”. Y después: “El presidente quiere esconder por decreto estos contratos. ¿Por qué será?”.
El presidente quiere esconder por decreto estos contratos. ¿Por qué será? https://t.co/gWiUWnIbrb
— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 23, 2021
Los diputados panistas Jorge Triana y Juan Carlos Romero Hicks dijeron que impugnarán el acuerdo. El último escribió: “Alarmante que hoy se declare de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del @GobiernoMx . Analizaremos los medios para impugnar esta aberración que es anticonstitucional y atenta contra la transparencia y el acceso a la información”.
El senador Emilio Álvarez Icaza afirmó que México avanza hacia un Estado de excepción ya que el decreto presidencial “privilegia la actuación de la autoridad fuera de la ley, en la opacidad y la discrecionalidad. Su carácter autoritario y de despreció a la ley son su esencia”.
