A un día de que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, pidiera a juzgadores no confundir legitimidad con popularidad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la atacó de nuevo, al asegurar que benefició indebidamente a presuntos delincuentes responsables de la desparición de una persona.
Durante la presentación del informe “Cero Impunidad”, el subsecretario Luis Rodríguez Bucio nombró a Piña como parte de una lista llamada “Jueces que favorecen a delincuentes”.
Ante la mirada atenta de AMLO, Bucio aseguró que cuando fue presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña soslayó el proceder inadecuado de una jueza, que liberó a los presuntos responsables de la desaparición de un pepenador, caso ocurrido en Aguascalientes, en 2018.
Es bien sabido que el criterio del presidente es mantener encarcelada a toda persona señalada de un delito, aun cuando no existan pruebas firmes en su contra o existan fallas en el proceso judicial. Es decir, que el mandatario es enemigo del principio de presunción de inocencia, establecido en la Constitución y en consecuencia, ha defendido el endurecimiento de la prisión preventiva.
Así, ha calificado como “corruptos” a todos aquellos jueces que determinan la libertad de un indiciado cuando la carpeta está mal integrada o cuando hubo fallas en el debido proceso.
En este tenor, y recuperando un caso de hace cinco años, en que Norma Piña desechó una serie de quejas en contra de la jueza Beatriz Álvarez Rodríguez, AMLO la acusó, no por primera vez, de favorecer delincuentes.
Se recordará que hace un par de meses dijo que en cuanto Norma Piña llegó a la presidencia de la Corte se había desatado una “ola” de liberación de delincuentes y en redes sociales, las cuentas de trolls al servicio del obradorismo hicieron viral el apodo de “narcoministra”.
Bucio dijo:
“Tenemos el caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, ella es secretaria ejecutiva de Disciplina del CJF. El caso es una queja contra la juez de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez en el estado de Aguascalientes, es un caso de desaparición de José Francisco ‘N’, era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018, por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escolta del gobernador Martín Orozco”.
Bucio dijo que la jueza Álvarez Rodríguez fue objeto de una queja que fue desechada por Norma Piña. La queja fue, dijo, por promover criterios parciales que benefician a los presuntos responsables.
Agregó que las actuaciones de la jueza podrían absolver “a los procesados del delito de desaparición forzada” de la víctima.
Así, Rodríguez Bucio dio por hecho de que las personas procesadas son culpables, sin que haya habido aun una sentencia. Esta asunción es contraria a la ley, así como lo es la exhibición de los nombres de jueces.
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