En 2019, durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) efectuó dos pagos por un monto total de 60 millones 90 mil pesos a Comercializadora Antsua, S.A. de de C.V., empresa designada como representante exclusiva de la compañía israelí NSO Group, la que es propietaria del software de espionaje Pegasus, el cual, de acuerdo con recientes denuncias fue utilizado para espiar a periodistas y activistas durante el actual gobierno.
Los contratos, por “servicio de monitoreo de información remota”, se llevaron a cabo por adjudicación directa.
El pasado martes, tras la revelación de Proceso, Animal Político y Aristegui Noticias sobre el espionaje llevado a cabo bajo el gobierno de López Obrador, el presidente y la Sedena rechazaron las acusaciones, incluso la dependencia indicó en un comunicado que el software sólo se había contratado entre el 27 de junio de 2011 y el 24 de agosto de 2013, y “fue empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”. Sin embargo, la información revelada este día por Proceso y Animal Político evidencia que la Sedena mintió una vez más.
En abril de 2019, la Defensa Nacional celebró el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 con Comercializadora Antsua y pagó por el servicio de monitoreo de información remota que amparaba. Los pagos fueron autorizados por la Tesorería de la Federación (Tesofe), toda vez que les fueron asignados números de Cuentas Líquidas por Cobrar (CLC), término utilizado para el registro de pagos en contabilidad gubernamental.
Según escribe la reportera de Animal Político, Nayeli Roldán, la Sedena no reportó estas contrataciones en la Plataforma Nacional de Transparencia, como lo exige la ley. Asimismo, ocultó la información en respuesta a solicitudes de información ciudadana, a la propia Fiscalía General de la República (FGR) en el marco de una investigación, y a petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sin embargo, en un correo electrónico enviado por un funcionario de la Sedena el 24 de diciembre de 2019 a otra funcionaria -hallado entre los miles de documentos hackeados por Gucamaya- donde le solicita la realización de los pagos a la empresa, queda documentado que la dependencia sí pagó el software y mintió y miente sobre su implementación.
En el primer procedimiento de contratación, con número 1079763, la Sedena le pagó 46 millones 409 mil pesos, mientras que por el segundo, número 1079770, le entregó 13 millones 601 mil pesos.
Según Animal Político, “es posible que exista otra contratación de 2020, pues la Auditoría Superior de la Federación envió un correo electrónico a la Sedena —localizado también en la información del grupo Guacamaya— para insistir a la dependencia que le entregara los contratos y pagos realizados a Comercializadora Antsua en 2019 y 2020”.
