Por expresiones realizadas el 19 de abril durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a violar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad al llamar a votar por su movimiento, además de incurrir en uso indebido de recursos públicos, consideró la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En su sesión del jueves, los magistrados consideraron que en aquella ocasión López Obrador pidió a los ciudadanos que votaran por los candidatos de partidos afines a su movimiento para obtener mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo que el tabasqueño ha llamado “Plan C” tras sus fracasadas reformas electorales.
En su conferencia de prensa del 19 de abril López Obrador dirigió un ataque contra la Suprema Corte de Justicia por no aprobar que la Guardia Nacional quedara bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre lo que, dijo, insistiría con la próxima legislatura, la que, expresó, “espero con toda mi alma que se integre por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación”.
Después agregó: “Va a depender de que el pueblo decida votar, no sólo por un candidato de nuestro movimiento, candidata o candidato, sino también, que es muy importante, por los legisladores candidatos a diputados y senadores. Porque ya lo estamos constatando: se puede tener mayoría simple, más del 50 por ciento, pero para llevar a cabo una reforma constitucional se requieren dos terceras partes de los votos, es decir, se requiere una mayoría calificada. En el caso de los diputados no son 251 votos. Con eso se puede llevar a cabo una reforma a una ley secundaria o se puede aprobar una ley, pero no se puede, con la mayoría más uno, aprobar una reforma constitucional”.
Para los magistrados esas declaraciones del tabasqueño implicaron la vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, lo que impactará en el proceso electoral en marcha, además de que incurrió en uso indebido de recursos públicos.
En la violación a esas normas varios funcionarios más acompañaron a López Obrador por haber realizado las acciones necesarias para la difusión de los dichos del tabasqueño, como Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, y dos de sus empleados: Jessica Ramírez, directora de Comunicación Social Digital, y Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefe de Departamento. También fue señalado Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales.
La Sala Especializada del TEPJF dará vista del asunto al Órgano Interno de Control de la Presidencia, mientras que López Obrador no puede ser sancionado sino sólo responsabilizado por la violación en que incurrió por enésima ocasión.
