Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en lo general los criterios para el formato y realización de los tres debates que sostendrán los candidatos a la Presidencia de la República.
En la sesión ordinaria celebrada la tarde del miércoles, el consejero Benito Nacif, quien preside la Comisión Temporal de Debates, expuso que con los lineamientos se busca que estos ejercicios tengan un esquema flexible y una moderación dinámica, a fin de que los electores cuenten con la mayor información sobre las propuestas de los aspirantes.
En cuanto al contenido de estos ejercicios, sostuvo que se establecieron temas para orientar la discusión de los candidatos y no como “camisas de fuerza” que inhiban el intercambio y contraste de ideas.
El calendario de los debates quedó definido de la siguiente manera: el primero se celebrará el 22 de abril en el Palacio de Minería en la Ciudad de México y abordará los temas de política, gobierno, combate a la corrupción, seguridad, democracia, pluralismo y atención a grupos vulnerables.
El segundo se efectuará el 20 de mayo en el campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California Norte con la siguiente agenda temática: México en el mundo, política exterior, migración, y combate al crimen trasnacional.
Por último, el tercero tendrá lugar el 12 de junio en el Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán y los temas serán crecimiento económico, pobreza, desigualdad, educación, ciencia y tecnología, desarrollo sustentable y cambio climático.
Respecto al formato, se acordó que los debates puedan propiciar el involucramiento de la ciudadanía, y para tal efecto, se establecerán formas de participación como encuestas o sondeos de opinión y el intercambio público a través de redes sociales. También se aprobó la inclusión de intérpretes de lengua de señas mexicanas como un elemento fundamental en la producción y la transmisión televisiva de cada uno de los tres debates organizados por el INE.
Por otra parte, con nueve votos a favor y dos en contra, se aprobó turnar al Comité de Radio y Televisión la propuesta relativa a la obligatoriedad de las concesionarias públicas y privadas para la transmisión de los debates. Una vez que se analice en dicha instancia, se pondrá nuevamente a consideración del pleno.
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