Desde al menos julio de 2017, el gobierno de Jalisco tenía conocimiento de que Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, presunto cabecilla del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), operaba una red de reclutamiento forzado y adiestramiento del grupo delictivo. Según investigaciones de la Fiscalía de Justicia de Jalisco (FJJ) en ese entonces, Mendoza Gaytán administraba múltiples centros de entrenamiento en la región Valles del estado, donde se localizan municipios como Tala y Teuchitlán.

De acuerdo con un reportaje publicado hoy por El Universal, estos sitios servían para capacitar a los reclutas en el uso de armas y tácticas de combate, además de enseñarles a “pulpar” cuerpos para su incineración en zanjas con leña y gasolina. A pesar de la implementación de un operativo de cuatro días en julio de 2017 para desmantelar estos centros y capturar a “El Sapo”, el líder criminal logró escapar. Según una fuente de la FJJ, tras cambios en la dirección de la dependencia, no se volvió a realizar un operativo similar, lo que permitió la continuidad de estas actividades ilícitas.

El pasado lunes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, confirmó que la reciente detención de José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, en la Ciudad de México, aportó elementos cruciales para esclarecer los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán. Según las investigaciones, dicho sitio estaba bajo el control de “El Lastra”, quien además de ser el responsable del reclutamiento forzado, es colaborador cercano de “El Sapo” y figura clave del CJNG en Jalisco, Nayarit y Zacatecas.

En el expediente abierto tras el operativo de 2017, un sobreviviente describió a “El Sapo” como un hombre robusto, chaparro, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, con barba cerrada y perfectamente delineada, quien aparentaba entre 22 y 23 años de edad. El testimonio revela el nivel de brutalidad en los campamentos de entrenamiento del CJNG.

Terror en los campamentos

Las declaraciones recabadas por la Fiscalía de Jalisco evidencian que muchas de las víctimas fueron engañadas con falsas ofertas de empleo como guardias de seguridad. Posteriormente, eran llevadas a diversas fincas en Cuisillos y Castro Urdiales antes de ser trasladadas a los campamentos en la sierra de Ahuisculco-Las Navajas, donde presenciaban torturas, asesinatos y la incineración de cuerpos.

Uno de los testimonios más impactantes relata que “El Sapo” ordenó a sus subordinados ofrecer 3 mil pesos a quienes quisieran retirarse del campamento. Al levantar la mano, los reclutas fueron forzados a pelear entre sí hasta la muerte, mientras que los sobrevivientes fueron ejecutados con disparos indiscriminados. Entre las víctimas se encontraba un joven de 17 años, quien imploró por su vida, expresando que quería ver a su madre y su hermana, antes de ser asesinado de un disparo en la cabeza.

Otro testigo relató que los cadáveres eran mutilados y sus restos incinerados en una pira improvisada, utilizando madera y gasolina. En época de lluvias, los arroyos cercanos se llevaban lo que quedaba de los cuerpos, dificultando su identificación posterior.

Complicidad de autoridades

El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores denunció la falta de acciones en el rancho Izaguirre por parte de las autoridades estatales. Posteriormente, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que era “evidente” la complicidad de ciertas autoridades en el caso, señalando directamente a la Policía de Tala como una de las entidades coludidas con el CJNG.

Desde 2017, el entonces fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, había planteado una hipótesis similar, cuestionando cómo era posible que el movimiento de personas y recursos en estos campamentos pasara desapercibido para las autoridades locales. La investigación de la fiscalía estatal reveló reiteradas desapariciones forzadas en la región, lo que derivó en la apertura de un proceso contra la Policía de Tala.

De acuerdo con registros periodísticos, al menos siete policías y exagentes de Tala han sido arrestados y vinculados a proceso por desaparición forzada desde 2017, incluidas tres detenciones recientes.

Actualmente, en Jalisco hay un total de 15 mil 426 personas desaparecidas, lo que subraya la magnitud de la crisis de violencia e impunidad que azota al estado.

(Con información de El Universal)