La Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló el presupuesto destinado al programa para prevenir y atender casos de abuso y acoso sexual en escuelas de educación básica, públicas y privadas. Dichos proyectos tenían el objetivo combatir conductas como el ciberacoso sexual infantil, el sexting y cualquier tipo de violencia en redes sociales o en el uso de internet, así como el bullying y la violencia de género.
El proyecto, denominado Programa Nacional de Convivencia Escolar se creó en 2016 y a través de él la SEP impulsó la instrumentación de protocolos de atención a la violencia en las escuelas, a partir de diversas recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De acuerdo con un reportaje de Animal Político, la aplicación de este programa quedó pausada desde hace un año por la suspensión de clases presenciales en los planteles debido a la pandemia de Covid-19, sin embargo, la SEP le quitó este año el presupuesto y no tiene un plazo estipulado para reanudarlo y por lo tanto, reponerle los recursos.
El programa incluía estrategias como la instalación de buzones escolares para que los alumnos presentaran sus denuncias; la revisión de los planteles para detectar posibles puntos de riesgo como bodegas y otros espacios cerrados de acceso habitualmente restringido para los estudiantes; asimismo, preveía el establecimiento de mecanismos de vigilancia permanente en los centros educativos.
El Programa Nacional de Convivencia Escolar, que operaba conforme a las normas previstas en el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), fue objeto de recortes presupuestales en los últimos tres años. De los 350 millones de pesos que se le asignaron en el año de su creación, 2016, para 2020 pasaron a 223, es decir, se le redujeron 127 millones y para el presente año se le cancelaron la totalidad de los recursos.
Por otra parte, el proyecto ha enfrentado otra serie de problemas de su origen, por ejemplo, la tardanza de los gobiernos estatales para adoptarlo e incorporarlo a sus marcos legales; solamente en nueve entidades federativas se tradujo en una ley y en el resto, quedó como un mero lineamiento.
La capacitación al personal docente sobre estas las acciones preventivas que contiene el programa, aún sigue inconclusa y esta problemática se agudizó con la suspensión de clases presenciales por la emergencia sanitaria, pues no se creó un plan a distancia para darle continuidad. Asimismo, existen resistencias por algunos sectores del magisterio.
Entrevistado por Animal Político, Francisco Bravo, representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), consideró que el protocolo de prevención “criminaliza” a los maestros y les asigna tareas que no les corresponden como hacer las veces de psicólogos o abogados. Según dijo, la mayoría de los profesores no conocen a fondo el contenido del documento.
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