Más de cien días después, el caso del pozo petrolero Krem-1, que arde desde el pasado 5 de marzo en el municipio de Las Choapas, Veracruz, ya llegó a una instancia ambiental internacional.
La Comisión para la Cooperación Ambiental, organismo creado por México, Estados Unidos y Canadá en el marco del tratado comercial de Norteamérica, acusó recibo de una petición relacionada con la contaminación por hidrocarburos atribuida al siniestro del pozo exploratorio Krem-1EXP, operado por Petróleos Mexicanos.
El documento fue fechado el 10 de junio de 2026 y asignado con el número SEM-26-006, bajo el título “Contaminación por hidrocarburos en Las Choapas”.
Aunque el caso todavía no ha sido admitido de fondo, el registro representa un avance relevante para las comunidades afectadas y para quienes han denunciado la falta de información pública, monitoreo ambiental verificable y acciones efectivas de remediación por parte de las autoridades mexicanas.
De acuerdo con el acuse emitido por el Secretariado de la Comisión, la petición fue recibida el 9 de junio y será evaluada conforme al artículo 24.27 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
El organismo cuenta con un plazo de 30 días, es decir, hasta el 9 de julio de 2026, para determinar si la petición cumple los requisitos de admisibilidad y si amerita solicitar una respuesta formal al gobierno de México.
El miedo de ambientalistas
La petición fue presentada con solicitud de confidencialidad estricta para proteger la identidad de la persona promovente, debido al riesgo que, según se expone en el escrito, enfrentan defensores ambientales en el país.
En el documento se señala al Estado mexicano por presuntas omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental, particularmente de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prevención y control de la contaminación del agua, suelo y atmósfera.
Las autoridades señaladas son la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La petición acusa que, a partir del siniestro registrado en marzo de 2026 en el pozo Krem-1EXP, se han generado afectaciones severas, continuas y acumulativas que no han sido atendidas de en perjuicio de las comunidades aledañas.
Entre los hechos denunciados se mencionan emisiones atmosféricas derivadas de una quema constante y prolongada de gas, presunta contaminación de cuerpos de agua y suelo, así como afectaciones a comunidades rurales, cultivos, flora nativa y actividades agropecuarias.
El escrito también sostiene que las autoridades mexicanas han omitido realizar inspecciones técnico-ambientales exhaustivas, imponer medidas restrictivas o sancionatorias suficientes y obligar al operador, Pemex, a implementar una remediación urgente e integral en la zona afectada.
“La Comisión para la Cooperación Ambiental no sustituye a las autoridades mexicanas ni funciona como tribunal penal o administrativo. Sin embargo, su intervención puede abrir una ruta internacional de revisión sobre la forma en que México está aplicando —o dejando de aplicar— su legislación ambiental frente al caso Krem-1”, declaró a Etcétera el ingeniero José Antonio Aranda, experto en riesgos industriales.
El avance del expediente ocurre mientras el pozo Krem-1 acumula más de cien días desde el inicio del siniestro. Durante ese periodo, habitantes de comunidades cercanas han reportado olores intensos, molestias físicas, afectaciones a cultivos, animales, arroyos y vegetación, mientras Pemex ha insistido en que realiza monitoreo ambiental y que los niveles de contaminantes no superan límites permisibles.
