Hasta cinco meses podría tardar el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), en decidir si se abre o no un proceso para tratar el caso de las desapariciones en México ante el pleno de la Asamblea General del organismo internacional.
Lo anterior, en virtud de que el CED tiene programado sesionar entre el 29 de septiembre al 3 de octubre; los diez especialistas que se encargan de revisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en los países miembros.
De acuerdo con fuentes consultadas por el diario El Universal, son las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores de México, las encargadas de negociar con el CED para trabajar en forma coordinada para atender esta problemática.
En caso de que el CED determinara llevar el caso de las desapariciones en México ante la Asamblea General, el gobierno de Claudia Sheinbaum tendría que dialogar directamente con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres y el acuerdo a que lleguen entre ellos, será el que se discuta en el pleno del CED.
Las fuentes señalan que en el supuesto de que el gobierno mexicano niegue que exista una crisis de desapariciones y se oponga al proceso que pudiera abrir la CED, el asunto podría llegar a la Corte Penal Internacional. Actualmente, el CED está en la etapa de requerimiento de información al Gobierno de México.
Cabe recordar que el pasado 4 de abril, el CED de la ONU dio a conocer la posibilidad de iniciar un proceso ante la crisis de desapariciones en México, por considera que este fenómeno se da de manera sistemática en algunas regiones del país.
“Recibimos informaciones que, en nuestra opinión, contienen fundamentos suficientes para sostener que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio mexicano”, reveló el presidente del CED, Olivier de Frouville.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, respondió que atendiendo a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, colaborará con los requerimientos de información que le formule la CED, la cual será fidedigna y reflejará el estado actual del fenómeno de las desapariciones.
Sin embargo, hubo otras reacciones más virulentas como la del presidente de Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien incluso sugirió la posible renuncia de los representantes de la ONU en México; también la CNDH se lanzó contra el Comité contra Desapariciones Forzadas, al cual acusó de injerencista y de actuar con fines desestabilizadores.
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