Los programas sociales impulsados por Andrés Manuel López Obrador resultan en beneficios electorales, en una muestra de un clientelismo político ya que se ha logrado una identificación entre la aplicación de esos recursos y la figura del tabasqueño, indicaron varios expertos en política social consultados por Reforma.
En su edición de este lunes, Reforma recuerda los inicios de los programas sociales de López Obrador cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, con el de pensiones para adultos mayores, instaurado en 2001, que consistió en 600 pesos mensuales para personas mayores de 70 años que vivían en zonas marginadas.
Dos décadas después, ese programa se extendió a nivel nacional, a personas de 65 años y más, y ya abarca a cerca de 10 millones de beneficiarios que reciben 3 mil 850 pesos bimestrales. Así, este año el gobierno dedicará a ello 238 mil millones de pesos. Incluyendo ese programa, el gobierno tiene 13, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Becas para el Bienestar, con lo que los beneficiarios suman 23 millones de personas y 446 mil millones de pesos dedicados a ellos.
Ello está vinculado con la política electoral. Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional y quien fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señaló que en las elecciones del pasado 5 de junio en todos los estados el apoyo para Moreno fue mayoritario entre la población de 50 años y más, y de quienes reciben beneficios de los programas sociales.
Hernández Licona considera que el programa para adultos mayores es una buena prueba de cómo López Obrador ha ganado voluntades electorales. Así, si bien es un tema de bienestar y eficiencia, el asunto electoral está muy presente.
Por su parte, Clara Jusidman, secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal entre 1997 y 2000, señaló la personalización de los programas: “Es claramente el señor presidente el que da esas ayudas con recursos de todos nosotros, porque todos contribuimos al presupuesto, pero él es quien decide a quién le da y a quién no le da”.
Ese mismo fenómeno fue señalado por Miguel Székely, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales: “El gobierno actual ha sido muy eficaz en la desinstitucionalización de la política social, al atribuírsela no a un derecho que se tiene o a que se vive en un país donde hay ese tipo de apoyos, sino difundiendo la idea que es por la voluntad de una persona por la que se recibe ese apoyo social”.
Esa personalización de los recursos públicos ha sido el gran éxito de López Obrador, ya que ese gasto social también ha sido grande en gobiernos como los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero sus respectivos partidos perdieron en las elecciones.
Así, el mensaje es que los recursos de los programas sociales son concedidos por López Obrador, y que si él y su partido pierden las elecciones, esos apoyos se terminarán.
Para sostener esa identificación y el amago, el gobierno ha utilizado con eficacia a los Servidores de la Nación, muchos de quienes incluso formaron parte de la estructura de Morena en las elecciones de 2018.
Eso también tiene efectos en el gobierno, porque, señaló Jusidman, a los funcionarios “se les nombra no por ser personas expertas en las materias, sino operadores políticos”.
