La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al jefe de Gobierno del DF, los gobernadores de los estados y las legislaturas locales, reconocer los servicios que empresas como Uber y Cabify ofrecen a los mexicanos, porque se trata de una nueva categoría y modalidad de transporte con muchas diferencias al servicio que prestan los taxistas.
En un comunicado, con el objetivo de promover las condiciones de competencia y libre concurrencia en el ámbito local, la Cofece explicó que estos servicios, también conocidos como empresas de redes de transporte (ERT), tienen una serie de atributos que los diferencian plenamente de quienes están en su contra, como que permiten: “1) conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo previo al abordaje; 2) planificar automáticamente la ruta, lo que elimina la posibilidad de que los conductores se desvíen de ésta indebidamente y cobren un precio o tarifa más elevados; 3) arrojar una tarifa dinámica, de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda en tiempo real; 4) facturar de acuerdo a las leyes fiscales correspondientes, y desglosar y transparentar la tarifa dando al usuario información suficiente sobre el cobro; 5) que pasajeros evalúen a choferes y, 6) conocer, en tiempo real, la disponibilidad del servicio y los periodos de espera requeridos para iniciar el viaje”.
Por estas razones, la Cofece señala que Uber y Cabify se diferencian en cuanto a: confiabilidad y seguridad personal; certidumbre sobre el cobro que se va a realizar y el método de pago a utilizarse; confort y conveniencia; búsqueda y tiempos de espera, e información sobre el traslado, por lo tanto, se trata “de un nuevo producto en el mercado”.
Asimismo, expuso que el servicio va dirigido a un segmento específico de la población que cuenta con smartphones y tarjetas de crédito.
Con base en lo anterior, la Comisión recomendó que se reconozcan formalmente, “a través de la vía que corresponda, una nueva categoría o modalidad de transporte para la prestación de este servicio innovador que tiene un impacto relevante en la dinámica social”.
Subrayó que el marco normativo debería solo limitarse a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, como, “la obligatoriedad de acreditar la existencia de seguros de cobertura amplia para que exista responsabilidad frente a los usuarios, o mediante la revisión de las capacidades y antecedentes de los conductores”.
Además aclaró que mientras no existan modificaciones a las normas jurídicas locales, se deben permitir las actividades que generan opciones eficientes en beneficio del consumidor y que promuevan la competencia en concordancia con el artículo 28 de la Constitución Política.
ahea
