El sistema de Salud en Michoacán, encabezado por el médico Elías Ibarra, está en colapso, entre cancelaciones de servicios, falta de medicamentos y represión laboral.
Por ejemplo, desde hace un mes, el servicio de hemodiálisis a cargo de un proveedor externo fue suspendido por falta de pago, sin que se haya subsanado la deuda. Algo similar pasa con los servicios de esterilización de material quirúrgico y las farmacias.
De acuerdo con datos de medios locales y trabajadores del sistema, la SSM debe a sus proveedores alrededor de 613 millones de pesos.
Ello, en un contexto en el que la autoridad niega el deterioro de la infraestructura, minimiza el desabasto, reprime a trabajadores en protesta y los culpa de la falta de pagos a proveedores.
En un documento en poder de etcétera, fechado el 18 de marzo y dirigido al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del gobierno de Michoacán, la empresa Ve+ informa que por el grado de adeudo de la administración estatal, los servicios del mes de abril serían suspendidos.
“Vengo a comparecer para informarle que, debido a la falta de pago por parte de la Secretaría de Salud y Servicios de Michoacán, no estamos en condiciones de abastecer los insumos correspondientes al mes de abril” en materia del Servicio Integral de Hemodiálisis.

Agrega el documento que la empresa está “en la absoluta disposición de seguir prestando el servicio, sin embargo, la falta de pago nos impide suministrar dichos insumos”.
Trabajadores hicieron llegar este documento a la redacción de etcétera y uno más, referente a la restricción del servicio de farmacias, supuestamente por la baja afluencia de pacientes.
En un oficio dirigido al secretario de Salud local, Elías Ibarra Torres, con fecha 17 de marzo, la empresa Carelab le recuerda un adeudo pendiente correspondiente al periodo de septiembre de 2025 a enero de 2026 y se informa sobre un “ajuste en el alcance de atención” de farmacias.
“Se identificó que en algunas de ellas existe baja productividad y una demanda reducida de recetas médicas. En virtud de lo anterior y con el objetivo de optimizar la operación del servicio, nos vemos en la necesidad de realizar un ajuste en el alcance de atención de dichas unidades, mismo que entrará en vigor a partir del 18 de marzo de 2026”.
Tal ajuste consistió en la reducción de horario y días de atención.

De acuerdo con reportes de medios locales, el mayor adeudo a proveedores asciende a 613 millones de pesos a empresas proveedoras de servicios esenciales como banco de sangre, quimioterapias, medicamentos oncológicos, lavandería hospitalaria, alimentación para pacientes y personal, además de servicios logísticos
Por otro lado, la semana pasada miembros del Sindicato Nacional Incluyente de Trabajadores del Sector Salud, fueron desalojados por la Guardia Civil Estatal de un plantón que sostenían en Uruapan y otras ciudades desde el 27 de febrero pasado.
Los sindicalizados, por medio de su secretaria general, Susana Jacuinde, denunciaron intimidación, agresión y restricción de su derecho a la manifestación, así como calumnias en su contra, consistentes en acusarles de impedir el pago de nóminas y a proveedores.
El pasado mes de enero, miembros de otro sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Profesionales de la Salud (SNTYPS), denunciaron una crisis generalizada en el sistema estatal de salud.
La representante sindical, Josefina Molina Ponce declaró a medios de comunicación que todos los días el personal de salud “se ve en la penosa necesidad de pedir apoyo a los usuarios de los servicios para la compra de medicamentos, material de curación y hasta ropa hospitalaria”. Ello, en unidades afiliadas al IMSS-Bienestar.
En septiembre pasado, el Sindicato de Trabajadores de la Salud en Lázaro Cárdenas denunció una “crisis hospitalaria” en al menos seis hospitales del estado en ciudades como Zamora, Sahuayo y Ciudad Hidalgo.
En declaraciones a Azucena Uresti en Radio Fórmula, la representante gremial Lupita Pichardo denunció un grave desabasto de medicamentos, elementos para higiene y falta de personal, así como un fuerte deterioro en la infraestructura, como techos que se caen y goteras.
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