Prácticamente en el cierre de la presente legislatura de la Cámara de Diputados, su Comisión de Gobernación aprobó la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, en la que se procura proteger al presidente en caso de desafuero y siga en su cargo hasta ser sentenciado.
Según información de Reforma, pese a que prácticamente la Comisión citada ya había cerrado sus actividades, todavía se convocó de última hora a los diputados que la integran para la discusión y aprobación de una iniciativa de ley presentada por Morena hace un par de semanas.
En la nueva ley se establece que el titular del Ejecutivo federal podrá ser juzgado por delitos como traición a la patria, corrupción, delitos electorales y por lo que puede ser procesado cualquier ciudadano.
Para todos los funcionarios, excepto el presidente de la República, se establece que si por mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados presentes en la sesión se decide que ha lugar a proceder contra la persona imputada, esta “será inmediatamente separada de su empleo, cargo o comisión y quedará sujeto a ls jurisdicción de los tribunales competentes”.
El titular del Poder Ejecutivo quedó exceptuado por una reserva que presentó la diputada Carmen Almeida, de Morena, en la que se establece en el artículo 42 que si resultara responsable de las imputaciones que se le hacen, “en la sentencia decretará su destitución del cargo y le sujetará a la jurisdicción del órgano judicial competente, para que continúe el procesamiento penal del inculpado, en su caso, hasta la imposición de la pena correspondiente”.
Según explicó la legisladora, “esta reserva significa que debemos ser prudentes, porque se podría destituir al presidente por cualquier delito”.
Otro cambio importante que reporta Reforma es que con la nueva legislación se ordena que, cuando proceda el desafuero de funcionarios estatales, los Congresos estatales deberán respetar la determinación de la Cámara de Diputados. Eso servidores públicos pueden ser el gobernador, diputados locales y miembros del Poder Judicial de las entidades de la República.
La iniciativa, que fue criticada por la oposición, fue aprobada en la Comisión por 20 votos a favor y seis en contra, por lo que será turnada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que llegue al Pleno en caso de que haya periodo extraordinario.
