La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la aprobación de la reforma judicial en México, y recomendó que debe realizarse una pero mediante un diálogo con amplia participación ciudadana y que incluya a otras instituciones de impartición de justicia, como fiscalías y defensorías públicas.
Este jueves la CIDH fijó su postura respecto a la reforma judicial que ha sido aprobada en los últimos días por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y los congresos estatales, y de la cual reconoció su importancia.
El organismo señaló que en México hay desafíos en el acceso a la justicia, lo que provoca altos niveles de impunidad y corrupción, de lo que con anterioridad había informado. Pero advierte que “una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana. Ello, con el fin de que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos”.
Acerca del proceso de elaboración de la reforma ahora aprobada, la CIDH destacó la celeridad que se le dio, lo que impidió considerar las críticas ciudadanas que se han formulado durante las manifestaciones de las semanas recientes. En ese sentido, también manifestó su preocupación por “las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma”.
Además, la Comisión se pronunció por la elaboración de una “reforma comprehensiva del sistema judicial”, en el que se debe incluir también a otras importantes instituciones, como las fiscalías General de la República y de cada estado de la república, además de las defensorías públicas.
Sin referirse con todas sus letras a la elección popular de los juzgadores, la CIDH reivindicó el aspecto del nombramiento y selección adecuados, en los que enfatizó en aspectos como el mérito, las capacidades profesionales y las calificaciones jurídicas, además de que deben ser procesos públicos y transparentes, con mandatos con una duración definida y suficiente, además de garantías para la independencia judicial.
La CIDH recordó el señalamiento de la Relatora Especial sobre la Independencia de Personas Magistradas y Abogadas de Naciones Unidas sobre la incompatibilidad que hay entre la reforma judicial y el derecho internacional de los derechos humanos. Entre los aspectos importantes afectado está, justamente, el de que las consideraciones políticas sean colocadas por encima del mérito en la selección de juzgadores.
Finalmente, la CIDH llamó al Estado mexicano a que cualquier reforma judicial obedezca a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos humanos y a los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia. Además, ante las protestas, convocó a las autoridades “a garantizar instancias de diálogo real, que asegure la participación de todos los sectores interesados”.
