Por medio de un decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador otorgó atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y la Marina, para que actúen en respaldo de la Guardia Nacional en el combate a la delincuencia.
En el texto se establece que el decretó estará vigente durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años. Esto es, el plazo máximo para que opere se fijó para el 27 de marzo de 2024.
El Ejecutivo argumenta que la seguridad es un deber primario a cargo del Estado cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Y en cumplimiento de esa obligación, es que se tomó la decisión de que las fuerzas armadas participen en seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional.
El decreto modifica varios incisos del Artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, para hacer extensivas varias de sus funciones a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. De esta forma, las corporaciones castrenses podrán realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos; poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora, a personas y bienes y preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, huellas o vestigios, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, dando aviso de inmediato al Ministerio Público.
No obstante, en el documento se asegura que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad se llevará a cabo con pleno respeto a los derechos humanos de las personas.
Por las críticas que ha recibido el decreto presidencial, el tema es tendencia en las redes sociales. La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle cuestionó que la reforma autorizará al Ejército atribuciones para vigilar y detener, personas, operativos a nivel municipal y detener migrantes.
El asunto está en el artículo Segundo del decreto publicado hoy en el @DOF_SEGOB y el artículo 9 de la ley de la #GuardiaNacional
👇🏼Échenle un ojo. pic.twitter.com/CDAqLoHokW— Martha Tagle (@MarthaTagle) May 11, 2020
El activista Alfredo Lecona, del colectivo Seguridad sin Guerra, calificó el decreto como inconstitucional y contrario al derecho interamericano.
El acuerdo que hoy publica AMLO no solo es inconstitucional, también es contrario al derecho interamericano.
En noviembre de 2018, en la Sentencia del caso Alvarado, la @CorteIDH determinó que así tenía que ser la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas: pic.twitter.com/8jWzJN7x2O
— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) May 11, 2020
La abogada Catalina Pérez Correa, lamentó que el presidente haya aprovechado el contexto de la pandemia de coronavirus para lanzar este decreto fuera de la legalidad.
AMLO aprovecha la epidemia para darle atribuciones por fuera de la Constitución a las FFAA en materia de seguridad pública.
No fue suficiente la GN militar, que tantas veces dijo resolvería la crisis. Ningún presidente ha hecho tanto daño a la relación cívico-militar. https://t.co/44GoSlOHQd— Catalina Pérez Correa (sin-) (@cataperezcorrea) May 11, 2020
En su conferencia del 21 de diciembre de 2018, al referirse a su iniciativa de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la participación de las fuerzas armadas en esta nueva corporación significara mantener la estrategia de militarización que se había criticado en los gobiernos anteriores.
Dijo que si se decidió mantener al Ejército en las calles es porque es urgente resolver la crisis de inseguridad que se dejó en el país, sin embargo, dijo que no se ordenarán operativos que den lugar a masacres o que repriman al pueblo y que esa sería la diferencia de su gobierno con sus antecesores.
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