Pese a las muestras de inconformidad, el Congreso capitalino aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que facilita la ratificación de la titular de ese órgano, para lo que se incluirá su interés en continuar en el cargo.
Entre protestas de ciudadanos, especialmente panistas, a las afueras de la sede del Congreso de la Ciudad de México, y de un operativo policiaco para lograr que se llevara a cabo la sesión, la mayoría aprobó el cambio en los artículos 42 y 99, y la adición del 42 Bis, a la ley antes mencionada, con lo cual abre la puerta para que la actual fiscal, Ernestina Godoy Ramos, continúe en su cargo.
Desde la mañana el Congreso de la Ciudad de México fue rodeado por una gran cantidad de personas que protestaban contra la reforma a la ley de la Fiscalía, lo que impidió que los diputados asistentes tuvieran que entrar por un estacionamiento cercano. Más de un centenar de policías tuvieron que apersonarse en el lugar para custodiar la sede legislativa. Diputados panistas se quejaron de que las fuerzas del orden les impidieron entrar al recinto al cerrar la calle de Cuba.
De esa manera, la reforma fue aprobada por 34 votos a favor, uno en contra (de la diputada perredista Polimnia Romana Sierra) y una abstención. Los panistas anunciaron que impugnarán el proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El artículo 42 de la Ley Orgánica de la Fiscalía establecía que para la ratificación del titular de ese órgano se debía seguir el procedimiento establecido en la Constitución local, que consistía en que era propuesto por el Consejo Judicial Ciudadano. La reforma dispone que ahora el titular de la Fiscalía podrá expresar su interés por continuar en el cargo por cuatro años más; posteriormente un consejo evaluará su desempeño y, de ser el caso, propondrá su ratificación al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La gestión de Godoy Ramos al frente de la Fiscalía ha sido, al menos, controvertida: mucha atención, por ejemplo, al cártel inmobiliario de autoridades panistas, mientras que hasta la fecha no hay responsables penales de la caída de un tramo de la Línea 12 del Metro.
