En uno más de la serie de comunicados descalificatorios contra el Poder Judicial cuando alguna resolución le resulta contraria, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que acusó de violar la Constitución al invalidar una ley por “formalismos procedimentales” con lo que pone en riesgo la democracia.
La SCJN consideró que el procedimiento legislativo no es un mero formalismo, porque el Congreso está obligado a cumplir los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa. El tribunal también aclaró que está facultado para conocer este tipo de impugnaciones de acuerdo con la fracción I del artículo 105 constitucional para que todos los Poderes de la Unión y demás autoridades de la República cumplan la Constitución.
Pocas horas después, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal dio su opinión sobre la determinación de la SCJN, a la que acusó de violar los artículos 17 y 49 de la Constitución al declarar la invalidez de la ley mencionada “so pretexto de violaciones a formalismos procedimentales de carácter reglamentario”.
Sobre ello, la consejería afirmó que la ley sobre el funcionamiento interno del Congreso no puede ser vetada porque “son representantes electos, lo que implica que es un poder que no puede ser invadido en su vida interna”.
Además, la consejería consideró que la SCJN se atribuye funciones del Poder Legislativo al descalificar reglas de funcionamiento internas que se ha dado el Congreso.
El órgano presidencial señaló que si la SCJN no respeta los procedimientos internos del Congreso, “los contrapesos se convierten en instrumentos autoritarios que rompen el equilibrio entre poderes establecidos en la Constitución”. Y acusó que la Corte pone en riesgo la democracia y crea una situación de incertidumbre jurídica.
