En una acción sin precedentes en la historia del país, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a un juez penal y a una fiscal de Quintana Roo por fabricar y convalidar una acusación apócrifa por el delito de sabotaje durante el sexenio del gobernador Roberto Borge, en contra del periodista Pedro Canché Herrera, quien estuvo nueve meses en prisión.
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR detuvo en la entidad a Javier Ruiz Ortega, Juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia, y a Tila Patricia Galera León, agente del Ministerio Público de la Procuraduría estatal, con base en una orden de aprehensión girada por delitos contra la administración de la justicia.
Ambos fueron internados en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo, donde fueron puestos a disposición del juez federal, quien definirá en los próximos días su situación jurídica.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR concluyó que tanto la consignación como el auto de formal prisión contra el periodista, fueron una maniobra cuya finalidad era afectar, limitar y menoscabar el derecho humano a la libertad de expresión.
“La investigación señala que Tila Patricia ‘N’, en su calidad de agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia, inició una indagatoria sin contar con evidencia alguna que acreditara los elementos del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del periodista; consignó y solicitó una orden de aprehensión en su contra, como represalia por su actividad periodística”.
La FEADLE señaló que presentó elementos suficientes a consideración de un juez federal para determinar que Javier ‘N, como juez penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, dictó orden de aprehensión “sin contar con elementos probatorios que permitieran presumir la probable participación del periodista en el delito de sabotaje”, informó la PGR.
La acusación fabricada contra Pedro Canché tiene su origen en la cobertura que llevó a cabo de una manifestación pública en las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chetumal, sitio donde tomó fotografías, grabó video y recabó información.
“Derivado de lo anterior, el comunicador publicó diversas notas periodísticas con una línea editorial crítica a la atención a la población maya de dicha comunidad, por parte de las autoridades estatales y municipales; y posteriormente fue detenido y se le acusó de cometer el ‘delito de sabotaje en perjuicio de la sociedad en general y encarcelado por un periodo de 9 meses aproximadamente’ “, dijo la PGR.
A diferencia del periodista, tanto el juez como la agente del ministerio público tendrán el derecho a la libertad provisional para enfrentar la acusación, debido a que el ilícito de entorpecer maliciosamente la administración de justicia no es grave, ni tiene prevista la prisión preventiva oficiosa.
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