La filial de Pemex en Houston, dirigida por Carmelina Esquer, hija del secretario particular del presidente López Obrador, Alejandro Esquer Verdugo, mantiene en secreto su nómina y los contratos multimillonarios que ha suscrito con compañías multinacionales, entre ellas Baker Hughes y Vitol.
Pemex Procurement International (PPI) es el nombre de la sucursal responsable de las compras en el extranjero, la cual es dirigida desde mediados de 2019 por Esquer Camacho. A un año de haberse mudado a Houston, la hija secretario de AMLO (quien ha sido su operador financiero y estuvo involucrado en el famoso “carrusel” que reunió fondos para la campañas de Morena) adquirió una residencia valuada en más de 400 mil dólares, ubicada en un fraccionamiento de reciente creación, a unos 15 minutos de distancia de la casa en la que reside José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente, en la localidad de Cypress.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó a través de sus plataformas digitales que una fuente que ha colaborado para PPI dio a conocer que el sueldo mensual de Carmelina Esquer es equivalente a 300 mil pesos, una percepción superior a la del presidente de México. En su declaración patrimonial de 2020, ella reportó un ingreso mensual en Houston de 13 mil 500 dólares, que representan alrededor de 270 mil pesos.
Lo anterior contraviene la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 19 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, que obliga a todos los funcionarios a percibir un salario menor al del presidente, que es de 166 mil 532 pesos mensuales bruto y 115 mil 739 pesos neto, es decir después de impuestos.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó a Pemex información sobre la nómina de PPI, incluido el sueldo de la directora, pero se negó a proporcionar cualquier dato de su filial en Texas.
Aunque PPI maneja recursos públicos, no es posible conocer quiénes trabajan para esa filial en Texas ni las contrataciones millonarias que realiza para la petrolera estatal.
MCCI presentó vía transparencia solicitudes de información dirigidas a Petróleos Mexicanos para conocer la nómina de empleados que trabajan para PPI, contratados bajo cualquier esquema, con su respectivo salario, además de requerir todos los contratos que han sido otorgados en lo que va de la actual Administración por parte de ésta filial de Pemex creada en Estados Unidos.
En ambos casos, la información fue negada por Pemex alegando que no cuentan con dicha documentación por tratarse de una filial, y que ésta se rige por las leyes del país en el que está constituida, y no es sujeto obligado en términos de la legislación de transparencia.
“Cabe precisar que de conformidad con el Artículo 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos, las empresas filiales no son entidades paraestatales y tienen la naturaleza jurídica y se organizan de conformidad con el derecho privado del lugar de su constitución o creación, por lo que no es un sujeto obligado en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, señala la respuesta a las peticiones de información.
“En el caso concreto la Empresa Pemex Procurement International, Inc., es una empresa /sociedad regulada por las leyes del país en la cual fue constituida (Estados Unidos)”.
Las respuestas que dio la autoridad a las solicitudes de información hacen referencia al “velo corporativo” de la empresa para justificar el que no se transparente su información.
“Toda vez que las Empresas Filiales en las que participa Pemex cuentan con personalidad jurídica propia, Pemex no es directamente responsable por los actos que dichas empresas realicen en sus negocios, dentro y/o fuera del País”, sostiene la respuesta oficial.
“En este contexto, si Pemex no cumpliera con esta premisa, no sería respetado el velo corporativo y Pemex sería responsable de todas las acciones que realice la filial en lugar de su constitución”.
Sin embargo, MCCI corroboró que en años anteriores algunos de los contratos gestionados por PPI en Houston sí eran públicos.
El 26 de febrero de 2019, meses antes del nombramiento de Carmelina Esquer como directora de PPI, López Obrador se refirió así a la filial de Pemex en Houston: “Estamos limpiando esa empresa, porque es la que compra los combustibles, es la que tiene la venta, también, del petróleo en el extranjero, es una de las empresas más importantes, estratégicas. Se está limpiando de malos manejos”.
PPI fue constituida en 1994 en el estado de Delaware “para brindar servicios a Pemex y sus Empresas Subsidiarias Productivas”; su nombre original era Integrated Trade Systems (ITS) y cambió su denominación en julio de 2013.
Una fuente que ha trabajado para PPI contó a MCCI que esa filial ha negociado con grandes proveedoras multinacionales de Pemex, como Vitol, involucrada en el pago de sobornos entre 2015 y 2020, y Baker Hughes, la cual estuvo en el centro de la polémica luego de que en enero del presente año se reveló que el hijo mayor del presidente López Obrador había ocupado una residencia en Houston de un alto ejecutivo de esa compañía.
Keith Schilling, el dueño de la llamada “Casa Gris”, era directivo de ventas de Baker Hughes en Estados Unidos, lugar donde está constituida PPI.
De hecho, PPI ha intervenido en procedimientos de asignación de al menos un contrato multimillonario a Baker Hughes, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizado a la cuenta pública de 2019.
Según la ASF, Pemex Procurement International evaluó la información legal, administrativa, financiera y técnica de 5 consorcios en un procedimiento que derivó en el contrato 640218810 asignado a tres empresas de Baker Hughes en marzo de 2018 -en el último año de Peña Nieto- por 66 millones de dólares y que se elevó 5 veces hasta sumar 343 millones de dólares en el gobierno de López Obrador.
En el caso de los contratos con Vitol, MCCI comprobó que PPI intervino en la adquisición de 720 mil toneladas de etano para plantas de Pemex, en una asignación por 237 millones de dólares con vigencia de 2018 a 2020.
De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, Carmelina Esquer comenzó laborando en la actual Administración en la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Bienestar) como delegada regional, durante un mes, en enero del 2019, y después se incorporó a Pemex, donde en cuestión de meses tuvo un notable ascenso.
Según sus datos curriculares, tiene estudios de licenciatura en Comercio Internacional en el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Gobernanza Global en la Udlap Jenkins Graduate School, ambas en CDMX. Sin embargo, no cuenta con ninguna experiencia en el sector petrolero y energético.
Sus antecedentes laborales incluyen puestos en IBM y en DHL, como analista y gerente, y previo a ingresar al Gobierno federal en la actual Administración se desempeñó como asesora legislativa del PT en el Senado, de enero de 2017 a junio de 2018, con un sueldo mensual de 50 mil pesos, de acuerdo con los contratos y su declaración patrimonial.
El 28 de enero del 2019 se incorporó como coordinadora en Petróleos Mexicanos, cargo que ocupó hasta mayo, y tan solo unos meses después -en julio del mismo año- asumió como directora general de PPI.
En diciembre pasado, MCCI reveló que su papá, Alejandro Esquer, fue uno de los funcionarios cercanos a López Obrador que participaron como operadores del “carrusel” de presunto financiamiento ilegal de Morena, a través de depósitos “hormiga” a un fideicomiso que el partido destinaría a los damnificados del sismo de ese año.
Al igual que Carmelina, su madre, Alejandra Camacho González -ex esposa de Alejandro Esquer, también es funcionaria en Pemex; ingresó en febrero de 2019 como Gerente de Capacitación y Desempeño, con un salario mensual neto de 107 mil 548 pesos.
