viernes 23 febrero 2024

Cuatro estados detienen reparto de libros de texto; buscan opciones

por etcétera

Hasta el momento son cuatro gobiernos estatales los que han detenido la distribución de los libros de texto gratuitos: los de Chihuahua, Jalisco, Coahuila y Yucatán, que esperan la resolución judicial al respecto. Mientras tanto, se plantean opciones como producir materiales educativos propios.

El primer estado que detuvo la distribución de libros de texto gratuitos fue Chihuahua, donde la gobernadora, la panista Maru Campos, los calificó como “basura” y denunció su “alto contenido ideologizante”.

Dijo que el gobierno estatal buscará formas para que los niños sigan aprendiendo y “que no se les obligue a los niños a pensar con cierta ideología, que no se les obligue a los niños a creer en ciertas condiciones de vida”.

Campos afirmó que en su revisión de los libros desde primero hasta quinto año de primaria ha detectado grandes errores de ortografía y que se ha prescindido de los contenidos de matemáticas.

El gobierno de Chihuahua presentó una controversia constitucional por los, libros de textos gratuitos el pasado viernes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Posteriormente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también anunció que se detiene el reparto de los libros de textos gratuitos mientras no haya una resolución judicial al respecto.

Pero, mientras el problema jurídico se resuelve, el gobernador ofreció un proyecto educativo titulado “Recrea, educar para la vida”, el que cuenta con sus propios materiales educativos, entre los que se incluyen libros.

En ese sentido afirmó que los libros son sólo una herramienta en su proyecto educativo, pero que cuenta con más, como ejemplificó con su sistema de enseñanza virtual, por lo que, aseguró, “Jalisco está preparado para trabajar con o sin libros de texto”.

Acerca de su propio sistema a nivel estatal, Alfaro afirmó que “en Jalisco se respeta y fomenta el pensamiento crítico y la libertad de conciencia. Aquí no vamos a permitir que se dogmatice o se ideologice a nuestros estudiantes”.

El lunes pasado Francisco Saracho Navarro, el secretario de Educación de Coahuila, informó que en la entidad no serán distribuidos los libros de texto gratuitos de la SEP mientras no haya una resolución legal, pero que el gobierno del estado ya está diseñando cuadernillos de trabajo para fortalecer materias como matemáticas y español, independientemente de aquella.

El funcionario coahuilense indicó que en el estado ya se encuentran un millón 700 mil libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2023, un 85 por ciento de los que corresponden a los alumnos de la entidad.

También dijo que solicitarían la oficialización de los programas de estudio para que los expertos puedan dar una opinión calificada sobre ellos, y a partir de ello analizar los libros de texto para su mejoramiento y enriquecimiento.

Agregó que el gobierno coahuilense usará todos los recursos jurídicos para revisar el procedimiento para intentar que sea repuesto para que haya participación de especialistas en educación, docentes y padres de familia, y de esa forma garantizar la calidad de planes de estudio y materiales educativos.

Finalmente, recalcó que el gobierno de Coahuila estará atento a las resoluciones de los jueces y, en su caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En Yucatán, aunque en un primer momento la Secretaría de Educación estatal recibió los libros de texto gratuitos de primaria y los repartió en 104 supervisiones del estado, detuvo su entrega a las escuelas debido al amparo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia.

Em declaraciones a El Universal, el secretario de Educación de Yucatán, Liborio Vidal Aguilar, afirmó que los libros se mantendrán en resguardo en bodegas en respeto al mandato judicial, y serán distribuidos hasta que haya “nuevas instrucciones del gobierno local”.  

Además de mantener resguardados los ejemplares mientras espera la resolución judicial, la Secretaría de Educación de Yucatán anunció que integraría una mesa de trabajo con asociaciones de padres de familia, con profesores y autoridades educativas tanto de nivel estatal como federal.

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