La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) demandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), detener la consulta de revocación de mandato, toda vez que en los términos en que está planteada, constituye un ejercicio que ha sido tergiversado por el partido en el poder para convertirlo en un acto de ratificación que no está previsto en la ley.
En un comunicado firmado por el líder nacional panista, Marko Cortés, se advierte que se trata de un “costosísimo e inconstitucional espectáculo publicitario” que sólo busca beneficiar a López Obrador y consideró que los casi 4 mil millones que se gastarán en la consulta, podrían destinarse a la creación de empleos o el combate a la pobreza.
Expuso que la prueba más evidente de la utilización político-electoral de esta consulta, es que sus principales promotores son las estructuras clientelares de Morena, y beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.
“Esto se hace muy evidente cuando utilizando todos sus recursos, sus clientelas y beneficiarios de programas, quienes la promueven son las propias estructuras gubernamentales, las del partido en el gobierno y el mismo presidente de la República”, se lee en el documento.
Por otra parte, la dirigencia del blanquiazul se pronunció por que cesen las descalificaciones y ataques en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por parte del gobierno y Morena, e hizo un llamado a los partidos de oposición y a la sociedad en general, levantar la voz para defender la autonomía del órgano electoral de los embates del oficialismo.
Aun cuando Marko Cortés dijo que respeta las decisiones del Poder Judicial, reprochó la diferencia de criterios que la SCJN para resolver las controversias constitucionales relacionadas con la consulta de la revocación del mandato, pues mientras la interpuesta por la Cámara de Diputados fue resuelta casi de inmediato para satisfacer los deseos “ególatras” de López Obrador, la que promovió el INE para demandar los recursos necesarios, aun no se resuelve de fondo y, por ello, se corre el riesgo de que la justicia se politice.
“Para nosotros está muy claro que la Corte no aplicó los mismos criterios en sus resoluciones. Respetamos la decisión de las ministras, pero en este caso en particular, existe el riesgo de que la interpretación de la ley se politice”, sentenció.
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