El desalojo de una manifestación contra el llamado gasolinazo, ocurrido la tarde del lunes en Guadalajara, ha evidenciado la confrontación y la utilización política de este tema por parte de autoridades estatales y locales.
Un grupo de inconformes instaló un bloqueo en el cruce de las avenidas Juárez e Independencia, en el barrio de San Juan de Dios, en el centro de la capital jalisciense. Después de tres horas, fueron replegados por agentes estatales quienes les arrojaron gases lacrimógenos y detuvieron a cinco personas, entre ellas dos menores de edad.
De acuerdo con el fiscal general estatal, Eduardo Almaguer, el operativo se instrumentó a petición de comerciantes del centro, a fin de evitar actos de vandalismo en sus establecimientos, pero la presencia de los efectivos exacerbó los ánimos de los quejosos, quienes agredieron a los uniformados arrojándoles diversos objetos y lesionando a uno de ellos, por lo que la policía se vio obligada a responder.
En tanto, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, comisionado estatal de Seguridad Pública, quien estuvo al frente del desalojo, aseguró que algunos de los manifestantes estaban encapuchados y “bajo los efectos de drogas y alcohol”.
Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, se deslindó del desalojo y por medio de un comunicado condenó la “represión” contra los manifestantes y culpó al fiscal Eduardo Almaguer del enfrentamiento en la capital tapatía.
El funcionario no desaprovechó la ocasión para ponerle un tinte político a su pronunciamiento y recordar que unos días atrás, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se decía “indignado” por el aumento de los combustibles.
(Con información de La Jornada y Reforma)
