La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de México, informó que José Duarte Franco fue cesado como director del penal Neza-Bordo, a fin de iniciar una investigación por su presunta responsabilidad en actos de tortura con fines de extorsión en contra de los reos de ese centro penitenciario. En su lugar fue designado Miguel Ángel Correa Peralta.
De acuerdo con la dependencia, el interno señalado como principal responsable de estos hechos, identificado como Luis Fernando Arias, alias “El Tatos”, fue trasladado a otra cárcel de la entidad, aunque no precisó a cuál. El imputado purga una sentencia por secuestro, extorsión y homicidio.
El pasado miércoles la agencia local de noticias MVT dio a conocer unos videos; en uno de ellos se muestra cómo “El Tatos” agrede a otro preso con la flama de un encendedor para exigirle una cantidad de dinero y amenaza quemarlo vivo si no se la entrega. En otro, el delincuente golpea a otro interno con un palo por no pagarle “lo acordado” con sus familiares.
Después de que dichos materiales se hicieran virales en las redes sociales, el gobierno mexiquense ordenó una investigación para deslindar responsabilidades de los custodios y demás personal que labora en ese centro de readaptación social. La Fiscalía General de Justicia abrió la averiguación previa correspondiente.
Familiares de reos de dicho penal, así como de otras cárceles mexiquenses como la de Chiconautla, en Ecatepec, y La Palma, en Almoloya de Juárez, suscribieron un documento dirigido al director de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, Luis Arias González, para detener lo que califican el “ambiente de terror y extorsión” que priva en los centros de reclusión. Afirman que varios de ellos han recibido amenazas y exigencias económicas de parte de “El Tatos”. Detallaron que varios presos han muerto por este tipo de prácticas, el más reciente el pasado 12 de septiembre en el penal de Nezahualcóyotl.
Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) informó que se inició una queja de oficio por presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los reclusos de los penales mexiquenses y anunció la instrumentación de medidas cautelares para garantizar la integridad de los de los internos y sus familias.
(Con información de Milenio Diario, El Universal y Reforma)
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