Tras un largo y accidentado debate, la Cámara de Diputados determinó desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. El Ejecutivo tamaulipeco calificó el hecho como “golpe a la Constitución, a la democracia y al federalismo”, así como “venganza política”.

Por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, los diputados aprobaron la solicitud de procedencia presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador, al que acusa por tres delitos: delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas fue desaforado, finalmente, por el delito de defraudación fiscal equiparada por un daño al fisco por 6 millones 511 mil 777.57 pesos. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados consideró que los otros dos delitos no fueron acreditados por la FGR.

La defensa de García Cabeza de Vaca, encabezada por Alonso Aguilar Zínser, participó a distancia, mientras que la representante de la Fiscalía, Elizabeth Alcantar, lo hizo de forma presencial.

La fiscal dijo que el gobernador se ha valido de los cargos públicos para acumular una fortuna de 951 millones de pesos, que incluye propiedades ocultas en Estados y en México, entre las que se encuentran residencias, empresas, restaurantes, galerías de artes, residencias, ranchos y cuentas bancarias, las que han sido distribuidas entre una red de familiares y prestanombres.

Presumió que hay medios probatorios de hechos con apariencia de delitos y señaló la probabilidad de que García Cabeza de Vaca haya participado en la comisión de los ilícitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Por su parte Aguilar Zínser acusó la carencia de pruebas en las acusaciones y las irregularidades en el proceso, por lo que solicitó desechar el dictamen de la Sección Instructora que declaraba procedente el desafuero.

El abogado aclaró que en el dictamen de la Sección Instructora no fueron incluidos los delitos de delincuencia organizada y la operación con recursos de procedencia ilícita, por lo que no eran materia de debate.

Asimismo, acusó a la Sección Instructora de vulnerar el derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia por realizar una audiencia pública con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, cuando fue divulgado contenido de la carpeta de investigación.

También declaró que, pese a que entregaron a la Sección Instructora la declaraciones fiscales de Cabeza de Vaca en abril de 2020, así como la escritura pública que incluye el contrato de compra-venta de un departamento, ese órgano no las analizó.

El propio presidente de la Comisión Instructora, Pablo Gómez, reconoció que no se contaba con los suficientes elementos para considerar que los recursos en poder de  García Cabeza de Vaca fueran producto de delitos, pero afirmó que tampoco hay convicción de que no lo haya hecho y que por ello se prefirió poner al inculpado ante el fiscal.

Linchamiento y venganza

Al enterarse de la decisión de la Cámara de Diputados, el gobernador García Cabeza de Vaca difundió en redes sociales un video en el que dio un mensaje, en el que llamó a lo ocurrido “traición a la Constitución, a la democracia y al federalismo”, un “linchamiento” y una “venganza” políticas.

En un discurso duro, el gobernador de Tamaulipas, afirmó que lo que ha sucedido “es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno”, además de que “la ley en México vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos”.

Dijo que quienes han sido una oposición “apegada a la ley, a las instituciones, la reglas democráticas”, ahora son foco de la embestida gubernamental.

En su alegato mencionó que a él no se la ha desaforado por aparecer en videos agarrando dinero en efectivo, por denuncias de violación a una mujer, por acoso sexual contra menores, por desobedecer alguna ley o algún mandamiento judicial (no lo mencionó, pero son casos emblemáticos de acusaciones que ha habido contra militantes de Morena, entre ellos el propio presidente Andrés Manuel López Obrador).

Añadió que la mayoría del partido en el gobierno lo quiere desaforar y remover de su cargo “por no haber pagado, supuestamente, los impuestos de la compraventa de un departamento. Eso es todo. Por absurdo que parezca”.

Acerca de la única acusación por la que fue desaforado, comentó que ha demostrado que fue una operación lícita, que declaró y pagó los respectivos impuestos y que su patrimonio ha resultado del esfuerzo personal y familiar.

“Pero es claro que cuando hay consigna, ninguna prueba o razonamiento jurídico es suficiente para que imperen la verdad y la razón, y es que este desafuero no es una causa de justicia, sino una venganza política”, dijo.

También el dio un cariz electoral al desafuero: “Lo que buscan es removerme del cargo a la mala, porque saben que no pueden ganar por la buena. Quieren meterme a la cárcel porque saben perfectamente que no pueden convencer en las urnas, porque necesitan culpables que justifiquen su ineptitud y su corrupción”.

Les presento mi postura ante la decisión tomada este día en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. pic.twitter.com/kzhDDYe1Ye

— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) April 30, 2021

Tras hacer una cita de López Obrador cuando este enfrentó su propio proceso de desafuero, expresó: “Mi desafuero es una clara advertencia política para el pluralismo: en este país sólo hay dos opciones políticas: o estás con el presidente o el presidente está contra ti. En esta exigencia de miedo y sumisión pretenden sentar un precedente que sirva de ejemplo para que el federalismo no sea nunca contrapeso democrático, para que nadie alce la voz y se convierta en una alternativa que pueda sacar adelante a nuestro país”.

Expresó que seguirá gobernando a su estado “hasta el último minuto de su mandato”. Pero también advirtió que la Cámara de Diputados no puede desaforar a ningún funcionario local, sino que esa facultad la tiene el Congreso local “por la sencilla razón de que el poder local emana de la soberanía popular, de los estados que integran la Federación”.

Después justamente el Congreso de Tamaulipas, integrado mayoritariamente por panistas, rechazó el desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca.

Por considerar que se han vulnerado las garantías individuales y se ha violado su derecho al debido proceso y la presunción de inocencia del gobernador, por 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, el órgano legislativo del estado determinó que no procede la homologación de la declaración de procedencia contra García Cabeza de Vaca emitida por la Cámara de Diputados del Congreso Federal.

Asimismo, se informó que incluso antes de que concluyera el debate en la Cámara de Diputados sobre el caso, el Congreso del estado ha promovido una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar a qué órgano legislativo corresponde el desafuero.