La Cámara de Diputados aprobó que sean los gobiernos estatales y locales los encargados de definir sus gastos anuales en comunicación social, con lo cual se da marcha a atrás a un aspecto del llamado Plan B. Hasta los legisladores oficialistas votaron a favor de este nuevo revés a la reforma electoral.
Antes de pasar al Pleno el dictamen había sido aprobado, por supuesto, en la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, en donde se hizo la observación de que se buscaba eliminar el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en el que se estableció, según el Plan B, que el gasto del Programa Anual de Comunicación Social no podía rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos correspondiente. Esta es una de las partes impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este miércoles la Cámara de Diputados, con 470 votos a favor y una sola abstención, aprobó la reforma a ese último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinen su límite del gasto del programa anual de comunicación social, de acuerdo con los principios previstos en el artículo 5 Bis de esa misma normatividad.
En el dictamen se considera que si permanece el párrafo mencionado incluido por el Plan B, los gobiernos mencionados podrían carecer de los recursos necesarios para informar de sus acciones y planes a la población, lo que podría constituir violación al derecho de acceso a la información.
También se aclaró que la comunicación social de los gobiernos estatales y locales debe sujetarse a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución, en el sentido de que la propaganda gubernamental debe tener un carácter institucionas con carácter informativo, sin promoción política personalizada.
Sin embargo, el límite de 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual para comunicación social sí se mantiene para las autoridades federales.
La reforma que da marcha atrás a este aspecto del Plan B ahora pasa a la Cámara de Senadores.
