“El asesinato de periodistas y trabajadores de medios de comunicación constituye la forma de censura más extrema”, indicó en su informe “Situación de los Derechos Humanos en México” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el documento, difundido ayer en su portal de Internet, menciona que según lo registrado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, entre 2010 y 2015 ocurrieron más de 55 asesinatos de periodistas en el país, seis de ellos en 2014 y seis más en 2015.
Cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican por separado que entre el año 2000 y septiembre de 2015, 107 periodistas fueron asesinados. Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), reporta que del año 2000 al 31 de agosto de 2015 ocurrieron 565 homicidios de periodistas.
Con base en estos datos, la CIDH sostiene que en los últimos años la situación de violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios en México ha aumentado, sobre todo en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, pues según la información recopilada de la CNDH, casi seis de cada diez homicidios ocurrieron en esas cinco entidades federativas.
Todo ello, a pesar de las reformas constitucionales y legislativas y la adopción de medidas por parte del Estado para salvaguardar su integridad, entre las que se cuenta la aprobación y puesta en marcha de un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.
Al igual que lo han reportado la CNDH y otras organizaciones de defensa de la libertad de expresión, la Comisión Interamericana coincide en que la violencia contra comunicadores y medios se ha agudizado en estados donde existe una fuerte presencia del crimen organizado que, en muchos casos además, sus integrantes actúan en colusión con agentes estatales. Las víctimas principalmente eran periodistas que denunciaron o informaron sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados.
Estos crímenes, no obstante, no representan la única forma de hostigamiento contra la prensa en México, pues la Relatoría también documento denuncias de desaparición, amenazas, secuestros, agresiones físicas, ataques a instalaciones de medios y ataques cibernéticos.
Respecto a las desapariciones, datos proporcionados por la CNDH indican que desde 2005 y hasta septiembre de 2015 se reportaron 20 casos. Tan sólo el año pasado la Relatoría documentó tres casos de desaparición y secuestro: el de Bernardo Javier Cano Torres, secuestrado en Iguala, Guerrero (fue rescatado con vida el caso de una periodista del medio digital TV Sureste que fue secuestrada por varias horas y agredida sexualmente, y el de Enrique Juárez Torres, director editorial del periódico El Mañana de Matamoros, secuestrado por un grupo armado en Matamoros en febrero de 2015 (liberado horas después).
En su informe la CIDH menciona diversos casos particulares de atentados, agresiones, secuestros y ataques a periodistas y medios.
Asimismo, en un apartado sobre la violencia contra las mujeres periodistas, la CIDH menciona que en los últimos años si bien se registró un incremento en las agresiones tanto a periodistas hombres como mujeres, las agresiones contra las mujeres aumentaron de forma más acelerada que en caso de los hombres. Los ataques van dirigidos en mayor medida contra quienes cubren temas políticos y han hecho denuncias de corrupción, además en muchos casos la violencia ejercida es la psicológica.
Sin embargo, el organismo expone que la autoridad también falla a la hora de implementar las medidas de seguridad para las periodistas ya que además de no contar con enfoques de género, las fiscalías, al momento de recibir las denuncias de periodistas mujeres, “las revictimizan o tratan de hacer ver sus denuncias como temas de poca importancia o incluso haciendo que las víctimas se sientan juzgadas por dichos funcionarios”.
Al respecto, la CIDH llama a las autoridades a erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres y ajustar las políticas con enfoques de género.
En el plano general recuerda que el Estado mexicano no solo está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares cuando sabe o debiera saber del riesgo.
También dice ver con preocupación que en algunos casos (Moisés Sánchez Cerezo o Rubén Espinoza) sea la propia autoridad quien interponga obstáculos para asumir la titularidad de la investigación, incluso subraya que los representantes del Estado no pueden descartar el ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato/agresión de un periodista antes de que se complete la investigación, como recientemente lo hizo Javier Duarte por el homicidio de Anabel Flores Salazar.
Existe “la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales de mantener un discurso público que no exponga a los periodistas a un mayor riesgo de violencia. A este respecto, la Relatoría ha recordado, entre otras cosas, que una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
ahea
