Empresas petroleras agrupadas en el American Petroleum Institute pidieron al gobierno norteamericano que exija a la administración de Andrés Manuel López Obrador cumplir los compromisos adquiridos por medio de tratados internacionales, ya que la nueva Ley de Hidrocarburos aprobada recientemente afecta lo pactado y advirtieron que se trata de una primera llamada de atención antes de acudir a un arbitraje internacional.
Representantes de algunas de esas empresas advirtieron que podrían iniciar acciones legales en contra del gobierno mexicano, dado que los términos del T-MEC facultan a ello.
La misiva se dirigió a los secretarios de Estado, de Energía y de Economía de Estados Unidos, y está firmada por Mike Sommers, presidente de la influyente agrupación.
“Desafortunadamente, hemos visto esfuerzos continuos por parte de la administración de López Obrador para socavar ese acuerdo y discriminar a los inversionistas estadounidenses en violación de los compromisos asumidos por México tanto en el TLCAN como en el T-MEC”, dice la carta.
Sommers dijo que AMLO “ha incrementado tales acciones, tanto en alcance como en severidad, para cambiar los fundamentos del sector energético en México. Ha encabezado importantes enmiendas a dos leyes, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, para cambiar las reglas del mercado a favor de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad y en contra de las empresas privadas”.
El representante empresarial pidió a los destinatarios de la carta que pongan como prioridad el tema, esto, ante la cercanía de una reunión de alto nivel entre la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier.
“Lo alentamos a que continúe interactuando diplomáticamente con el presidente López Obrador y sus contrapartes a nivel de gabinete en las agencias de México para instar al gobierno de México a mantener sus compromisos del T-MEC, de tratar a los inversionistas y exportadores estadounidenses de manera justa”.
Por su parte, Miriam Grunstein, de la empresa Brilliant Energy Consulting, dijo que esta carta es una “primera llamada de atención” al gobierno mexicano previo a un posible “arbitraje de inversión de gran calado, porque estamos hablando de una expropiación”.
Agregó que “aún si no está planteada directamente como una expropiación, cada vez huele más a expropiación, y el T-MEC es muy claro en que ese tipo de actos son evidentemente violatorios a los derechos de propiedad de las partes. Estamos oyendo las campanadas de un arbitraje de inversión”.
Las empresas representadas por API pertenecen al ramo de la exploración, producción y servicios en materia petrolera y por medio de diversos instrumentos comerciales, muchas de ellas tenían compromisos adquiridos con Petróleos Mexicanos que la nueva ley, impulsada por López Obrador, pone en riesgo, a pesar de que va en contra de lo que establece el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La mencionada carta enfatiza que los negocios en materia de energía son esenciales para el crecimiento económico de la región, ya que crean puestos de trabajo y elevan la competitividad de Norteamérica. Agregó que los mercados energéticos de los tres países no pueden concebirse por separado, sino que son cada vez más interdependientes.
