La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR) investiga más de 26 mil casos de personas desaparecidas con 120 personas.
En entrevista para Excélsior, el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, precisó que son 120 las personas que integran esta nueva Fiscalía.
“Tenemos dedicadas 120 personas que colaboran en la Fiscalía, entre Ministerios Públicos, auxiliares del MP, fuerzas de la Agencia de Investigación Criminal, que están dedicados al análisis de este tipo de asuntos para realizar las diligencias que converjan.
“Lo que era la Unidad Especializada ha tenido un reforzamiento fundamental para contar con una plantilla de personal más sólida, y poder contar con todas las herramientas que requiera para realizar su trabajo”, dijo el subprocurador.
Detalló que hasta septiembre de este año la Fiscalía tenía poco más de 26 mil casos de personas desaparecidas y 800 expedientes integrados. Asimismo, afirmó que desde su creación (el pasado 10 de octubre) han localizado a 100 personas con vida.
Betanzos Torres adelantó que trabajan en la creación de un Registro Nacional de Fosas Clandestinas, un banco de datos de ADN (“el más grande de América Latina”), así como la posibilidad de utilizar drones para la localización de víctimas.
“En el caso de ADN, servicios periciales de la PGR tiene la tecnología de punta con el laboratorio mejor equipado de América Latina en temas forenses, y en materia de genética se tiene la base de datos más completa de registros, y con intercambio de información con otras autoridades”.
En tanto, el funcionario federal señaló que en total, al cierre de septiembre de 2015, se contabilizan en México 26 mil 798 personas no localizadas, de los cuales 25 mil 918 son del fueron común y 880 del fuero federal y cuyas averiguaciones previas se iniciaron entre 2014 y 2015. Del total, el subprocurador indicó que sólo el 5% de los casos se trata de desaparición forzada en donde están involucradas, en su mayoría, autoridades municipales.
mahy
