Aunque a nivel nacional son parte de las entidades que en 2014 registraron mayores defunciones de mujeres por homicidio, al día de hoy Chihuahua, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa no reconocen el feminicidio como delito. El primero incluso cuando la historia coloca a Ciudad Juárez como uno de los lugares más peligrosos para ser mujer.
A diferencia del resto del país, estos cinco estados no cuentan con una figura jurídica que diferencie a los homicidios cometidos contra mujeres como consecuencia de la violencia de género, caracterizada por violencia sexual, amenazas y relación de confianza o afecto entre víctima y el victimario, según el Código Penal Federal.
La violencia contra las mujeres, sin embargo, todavía es difícil de cuantificar y los datos son escasos, según expone la consultora Integralia en una infografía que este jueves publica en El Financiero. Los datos más actuales corresponden a los recabados en 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mismos que señalan que el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México, Tamaulipas, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Puebla y Michoacán son los más violentos contra las mujeres.
Entre esas entidades figuran tres que no cuentan con los mecanismos legales para procesar a los culpables por feminicidio. Tan solo Chihuahua reportó hace dos años 172 feminicidios.
La consultora recalca que si bien “los homicidios de mujeres son la forma más evidente de violencia contra las mujeres, éstos sólo son la punta del iceberg”, ya que la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, levantada en 2011 por INEGI, vislumbró que 62.8% de mujeres mayores de 15 años afirmaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia durante su vida. El tipo de violencia más generalizada es la emocional, sufrida por 44.3% de las mexicanas, seguida por la sexual que afecta a 35.4%.
Según el INEGI, en 2014 se reportaron a nivel nacional dos mil 408 feminicidios, de ese número 55 fueron asesinadas por su esposo, amante, novio o exesposo y 21 por su padre o padrastro.
Pese a la debilidad de las leyes locales, el 25 de marzo del año pasado, al ordenar al Estado de México investigar el asesinato de Mariana Lima como feminicidio, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) estableció además que todos los órganos investigadores del país deberán investigar con perspectiva de género y sin discriminación toda muerte violenta de una mujer, con el fin de que las autoridades puedan determinar si se trata de un feminicidio.
ahea
