Frente al preocupante escenario de que México es el país más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona de guerra, el Parlamento Europeo condenó esa situación y determinó solicitar a su gobierno garantizar medidas de protección que van desde el cese de la intimidación a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta la justicia en el caso de los reporteros asesinados.

La propuesta de resolución presentada por casi una veintena de eurodiputados el pasado martes fue discutida y votada por el Pleno del Parlamento Europeo este jueves, con un resultado de 607 votos a favor, dos en contra y 73 abstenciones, por lo cual fue adoptada.

Entre los datos mencionados en la resolución está que la situación de los periodistas se ha agravado desde las elecciones presidenciales realizadas en julio de 2018, y que durante el actual gobierno al menos han sido asesinados 47 periodistas, tan sólo siete en lo que va de 2022. Además, la impunidad de esos crímenes es de 95 por ciento.

El documento aprobado también reprueba las expresiones de López Obrador contra la prensa, sobre las que advierte que la “retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes”, por lo cual solicita las autoridades que se abstengan de estigmatizaciones contra los trabajadores de los medios de comunicación y defensores de derechos humanos (de estos, recordó que 68 han sido ultimados durante el actual gobierno).

El Europarlamento también denuncia que hay “claros indicios” de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de espionaje, como el programa Pegasus, contra los periodistas y los defensores de derechos humanos.

Además, señala que las reformas en materia electoral y judicial iniciadas por el gobierno de López Obrador “plantean dudas sobre la estabilidad del Estado de derecho y la seguridad jurídica y muestra inquietud ante una propuesta legislativa que busca limitar la participación cívica de las ONG con financiación extranjera”.

En general, la resolución es la que sintetizó el miércoles etcétera.

El debate

En la discusión acerca de la resolución intervinieron casi 20 diputados europeos, que manifestaron su preocupación por la situación de los periodistas en México, que ha empeorado en los últimos años.

Leopoldo López Gil dijo que esa situación es de larga data, pero que desde el cambio de gobierno los asesinatos contra periodistas “se han triplicado y, sólo en los primeros meses de este año, hemos contado con casi un asesinato por semana”.

“Es inexplicable, frente a esta trágica situación, la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Consideramos deplorable la creación de plataformas estatales para exhibir, estigmatizar y atacar a los periodistas con el pretexto de combatir la desinformación. Más del 90 por ciento de los crímenes que han sufrido los periodistas ni siquiera han sido investigados” añadió, y remató: “No podemos seguir así”.

Inma Rodríguez-Piñero pidió al gobierno mexicano reforzar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y resaltó: “A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público y, menos aún, si se da la fatídica coincidencia de que se convierten en víctimas de violencia”.

El diputado Nicolae Stefanuta destacó dos actores en la violencia contra periodistas en México: la actividad de los cárteles de la droga y la impunidad frente a la corrupción en todos los niveles. “México está lanzando una guerra contra la verdad matando a los periodistas y a los defensores de derechos humanos”, dijo.

Diana Riba i Giner dijo con claridad: “Deben cesar los mensajes que el propio presidente mexicano lanza criminalizando a periodistas y a organizaciones de la sociedad civil, y hay que exigir que se destinen todos los esfuerzos a construir una política pública de protección integral que atienda a la prevención, la protección, la investigación y la reparación”. Y agregó que la atención a estas demandas debe ser una condición en la reforma del acuerdo global entre la Unión Europea y México.

Para Hermann Tertsch, “la violencia brutal que se extiende por todo México es absolutamente increíble, y nos recuerda a las situaciones más brutales en algunos otros países, donde estas han colapsado directamente ya la ley y el orden”.

Sobre el caso específico del periodismo, indicó que “en algunos estados ya el crimen organizado, aliado en gran parte con los poderes públicos, se ha hecho con el poder efectivo y mata directamente a todo aquel que se le opone o le molesta. Los periodistas son un caso especial porque son objeto de acoso directo, de señalamiento por parte de las autoridades en la capital. Y lo son directamente —y esto sí que es un caso bastante inaudito en una democracia— por parte del presidente de la República”.

Por su parte, Miguel Urbán Crespo reconoció la situación de los periodistas e incluso añadió la grave situación de las personas desaparecidas en México, pero señaló que “algunos grupos políticos de esta Cámara están utilizando esta situación como un arma arrojadiza contra el gobierno mexicano, con unos intereses que poco tienen que ver con la defensa de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos. Y esto es intolerable”.

Del comercio al movimiento popular

Según Francisco José Millán Mon, en México hay un claro deterioro del Estado de derecho, y en el país “el gobierno populista se centra en el liderazgo personalista de su presidente y no en el funcionamiento eficaz de sus instituciones, en especial las responsables de la seguridad y la justicia. No hay seguridad para las personas, tampoco hay seguridad jurídica para las empresas. Esta carencia la sufren, por ejemplo, las inversiones extranjeras en el sector eléctrico, entre ellas empresas europeas”.

Sobre la situación, la diputada Evin Incir afirmó que la Unión Europea no puede seguir actuando como si nada pasara, por lo que debe reforzar el apoyo a los periodistas y activistas que “en estos momentos están sufriendo a manos del gobierno mexicano”.

María Soraya Rodríguez Ramos añadió la mención a la violencia contra las mujeres en México, y criticó con severidad la sección Quién es quién en las mentiras que se presenta en las conferencias de prensa de López Obrador: “No es aceptable que el gobierno cree una plataforma gubernamental aprovechada por el presidente para estigmatizar, criticar y ridiculizar a periodistas con el pretexto de luchar contra las mentiras y las noticias falsas. Esta plataforma debe eliminarse y se debe luchar contra los verdaderos enemigos de la democracia en México, que son aquellos que están asesinando impunemente a los periodistas”.

En su turno, Clare Daly puso énfasis en la impunidad en los crímenes, la que se debe a la colusión entre las fuerzas del Estado y las bandas de delincuentes. Por ello, afirmó, se tienen que revisar los tratados de libre comercio con México, y se refirió a que empresas europeas han abusado en contratos con comunidades indígenas.

Antonio Comin i Oliveres reconoció la gravedad de las condiciones para los periodistas en México, pero resaltó que la Unión Europea “no puede aceptar los proyectos de grandes empresas europeas en México y en el resto de América Latina que violan los derechos de los pueblos indígenas, que degradan el medio ambiente, que perjudican los derechos laborales, que minan el Estado de Derecho”.

Jori Pospisil dijo que no se puede seguir comerciando con un país que en el que se vulneran los derechos humanos con la violencia.

Para Lefteris Nikolau-Alavanos, el gobierno de López Obrador debe poner fin a la represión del movimiento popular, a los estudiantes, periodistas y activistas que revelan la magnitud de la explotación, y que son blanco de los mecanismos paraestatales vinculados con las grandes empresas.

Sean Kelly refirió que López Obrador critica el periodismo independiente, lo que hace que los reporteros teman por su vida. “Este tipo de violencia se está permitiendo, y debemos insistir en que México cumpla con sus obligaciones y mejore en la protección de los derechos humanos”, dijo.

Según Fabio Massimo Castaldo, “la estigmatización creciente, el debilitamiento de las instituciones, la impunidad, nos da un mensaje muy claro: en México la libertad de expresión está bajo sitio. López Obrador no solo no ha mejorado la situación en materia de derechos humanos, sino que ha sido la causa de muchos de eso actos de violencia”.