Seis excoordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) desmintieron las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra varios de sus miembros, a las que llamaron “sorprendentes e infundadas”. Sectores científico y cultural de la UNAM se solidarizan con los 31 acusados.
En un documento firmado por José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrenit Bielous, José Franco y Julia Tagüeña Parga, se hacen diversas aclaraciones legales de la constitución y funcionamiento del FCCyT.
Así, en el texto se señala el craso error de la FGR al tildar al Foro de “una empresa privada”, lo que no es, y recordó que fue creado en 2002 por mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología para que la comunidad científica participara en el sistema correspondiente. Se constituyó como asociación civil porque así se estipuló en el Estatuto Orgánico del Conacyt.
Asimismo, se recordó que en la ley citada se estableció que el Conacyt debería otorgar recursos para el funcionamiento del FCCyT. Y así ocurrió hasta que hubo cambios al Estatuto en diciembre de 2019.
Sobre la aplicación de los recursos que el Conacyt le dio por mandato de ley, los excoordinadores destacan que anualmente el Conacyt, incluida la actual administración hasta 2019, emitió una constancia de conclusión técnica y financiera favorable.
Además, aclaran que las evaluaciones a sus programas siempre fueron positivas.
Acerca del conflicto con la actual administración del Conacyt, encabezada por María Elena Álvarez-Buylla, recuerdan que quiso desconocer la autonomía del Foro y además incumplió con la obligación de financiar al Foro, por lo que este promovió un amparo.
El caso, refiere el documento, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto y para desmentir a la FGR, cabe resaltar que la sentencia del tribunal máximo señaló “que existía una relación de colaboración entre el Conacyt y el FCCyT, A.C. hasta la modificación del estatuto de Conacyt en 2019, por lo que la actuación de los coordinadores, secretarios técnicos y personal del FCCyT, A.C. fue legal y y conforme a las disposiciones vigentes en su momento”.
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Por otra parte, continúan las manifestaciones de solidaridad con los científicos acusados por la Fiscalía. Así lo ha hecho este viernes el Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM, que se opone “a la desmedida petición de la FGR de girar órdenes de aprehensión en contra de 31 miembros de la comunidad académica y científica de nuestro país”.
La carta también dice: “Consideramos preocupantes las expresiones que desacreditan de manera indiscriminada la actividad científica y de la comunidad académica nacional, poniendo en duda su relevancia y el correcto ejercicio de recursos públicos sin exhibir pruebas de ello”.
El texto concluye: “Nos manifestamos respetuosamente a favor de que las acciones en torno al tema se realicen con estricto apego a derecho y rechazamos las expresiones infundadas hacia la comunidad académica que solo generan desconcierto y polarización en la sociedad mexicana”.
Otro desplegado de apoyo fue dado a conocer por colaboradores de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, quienes brindaron su apoyo y solidaridad a los científicos acusados por la FGR y manifestaron su rechazo “al uso perverso de la justicia contra este destacado grupo científico que integran también profesoras y profesores de esta Máxima Casa de Estudios”.
Los firmantes manifestaron que están por el debido proceso, “pero nos oponemos firmemente al acoso y a la persecución que van en detrimento del Estado de derecho y de los derechos humanos de las personas agraviadas”.
Entre los firmantes se encuentran Benito Taibo, Camilo Ayala, Cuauhtémoc Medina, Daniel Saldaña, Daniela Tarazona, Emiliano Ruiz Parra, Gerardo Kleinburg, Ignacio Solares, Jorge Volpi, Mónica Lavín y Ricardo Raphael, entre otros.
