El legendario Salvador Martínez Della Rocca “El Pino”, autodenominado “líder del 68” ayudó a Claudia Sheinbaum y a Carlos Imaz a apropiarse en 1988 del predio en San Andrés Totoltepec donde construyeron una casa que escrituraron a su nombre 24 años más tarde.
Se trata de todo un entramado de favores, ilegalidades e influyentismo en el que participaron al menos dos personas más que recibieron puestos públicos y que son, todos ellos, habitantes de la misma zona, es decir, exvecinos de Claudia Sheinbaum.
Una investigación realizada por etcétera arroja que en el indebido apropiamiento del predio en San Andrés Totoltepec, Tlalpan y la posterior construcción de una casa por parte de Sheinbaum e Imaz participaron al menos tres personas que fueron vecinos de Sheinbaum y que fueron recompensados con cargos en los gobiernos en los que participó la ahora candidata presidencial.
Asimismo, etcétera pudo averiguar que en la época en que Sheinbaum y su exmarido Imaz llegaron a construir la casa (según ella, con sus propias manos), los terrenos de esa zona eran ejidales y su uso para casa habitación estaba prohibido.
El supuesto exlíder del 68 y otros buenos vecinos
Carlos Imaz logró que un juez fallara a su favor en un juicio de prescripción positiva para nombrarlo dueño de la casa en San Andrés Totoltepec. En los juicios de esta clase es esencial el testimonio de vecinos que den fe que la persona que pelea por una casa la ha habitado por largo tiempo, de manera estable y pacífica.
En este sentido, cabe señalar que Claudia Sheinbaum cuenta con tres exvecinos notables.
1.- El dizque exlíder del movimiento del 68, Salvador Martínez Della Roca.
Decir “exlíder” del 68 es una mera expresión. Della Roca fue un activista del movimiento, pero toda su vida ha lucrado políticamente haciéndose pasar como uno de los líderes. Eso fue lo que le enseñó a Claudia, que durante su vida política se ha hecho pasar como lideresa del movimiento estudiantil de 1986.
Salvador Martinez de la Rocca fue asesor del CEU mientras duró el movimiento estudiantil, desde fines de 1986 hasta principios de 1987. Martínez Della Rocca cuenta actualmente con 78 años de edad y vive a unos pasos de la casa que habitó Claudia Sheinbaum por más de 30 años, según documentos en poder de etcétera.
Recuérdese que la propia Claudia ha dicho en abundantes ocasiones que admira a Della Rocca, que lo considera como su mentor político y que lo conoce desde temprana edad. También Imaz mantuvo o mantiene un cercana relación con el anciano exlíder estudiantil y exlíder del sindicato de la UNAM.
Es altamente probable que haya sido Della Rocca quien informó a Claudia Sheinbaum y Carlos Imaz de la situación del predio donde construyeron posteriormente su casa, lo que les permitió ocuparlo con total impunidad, despojando a los verdaderos dueños de su propiedad. También es muy probable que Della Roca haya testificado en favor de la pareja, para asentar que habitaron la casa durante muchos años.
En todo caso, algo le debe Claudia a Della Roca, toda vez que cuando fue jefa de gobierno lo nombró Asesor de Programas y Proyectos Estratégicos “C” de la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales,con un sueldo bruto de cerca de 100 mil pesos mensuales.
Della Roca cobra este salario a pesar de que recibe una pensión como extrabajador de la UNAM, vía ISSSTE, por alrededor de 30 mil pesos. Nunca avisó al ISSSTE como debió hacerlo de que volvería a trabajar en el gobierno con Sheinbaum. Así que tiene sueldo doble: pensión del ISSSTE y “asesoría” en la Jefatura de Gobierno.
2.- Ingrid Aurora Gómez Saracibar.
Gómez Saracibar fue funcionaria del gobierno de Tlalpan cuando Claudia era jefa delegacional: ocupó el cargo de Coordinadora de Proyectos Delegacionales. Cuando Sheinbaum llegó a la jefatura de Gobierno Saracibar fue nombrada Directora General para una Vida Libre de Violencia en la Secretaría de las Mujeres y en 2020 fue nombrada titular de dicha dependencia.
Gómez Saracibar, a la derecha
3.- Luisa Elena Abreu González.
También exvecina, también excolaboradora de Claudia en el gobierno de Tlalpan, en donde fungió como su secretaria particular. Ya en el gobierno capitalino fue nombrada directora General de Organización Técnica e Institucional.
De este modo, suman tres los funcionarios públicos que alguna vez dependieron de Claudia Sheinbaum y además fueron sus vecinos, lo que resulta especialmente relevante, toda vez que en un juicio de prescripción positiva los testigos son esenciales para brindar testimonio del tiempo que lleva ocupado un predio por cierta persona.
Además, MCCI menciona que entre las personas llamadas a testificar se encuentran algunas vinculadas al gobierno federal, como Ana Fernández Espresate, quien es hermana de Nuria Fernández Espresate, actual titular del DIF federal. Ana tiene un espacio cultural llamado La Karakola, que en diversas ocasiones obtuvo lugar para acudir a las mañaneras.
La “casa de Tlalpan” era ejido
La zona de San Andrés Totoltepec, viejo pueblo de Tlalpan, se constituía en el pasado de terrenos ejidales que era ilegal vender a privados —enajenar—y lo seguiría siendo hasta 1992, pero según ha declarado la propia Sheinbaum, ella vivió 30 años en esa casa y lo hizo hasta el 2018. Eso significa que llegó a la zona en el año 1988, año en que era ilegal comprar y vender terrenos ejidales.
Hasta antes de 1992, en que se realizó una reforma constitucional en materia agraria, los ejidatarios sólo eran usufructuarios, es decir que podían usar los terrenos y disfrutar del producto de la tierra, pero no podían venderlos ni alquilarlos. Luego de 1992, la ley permitió fraccionar los ejidos y venderlos como predios.
Ahora, recordemos la investigación de abril pasado de Mexicanos Contra la Corrupción que documentó que cuando Sheinbaum e Imaz ocuparon el predio en San Andrés, este era propiedad de un grupo de ciudadanos uruguayos que habían conformado un fideicomiso en el Banco Continental.
Pero como en ese tiempo no era legal fraccionar, vender o comprar terrenos ejidales, eso significa que no sólo Sheinbaum e Imaz actuaron de manera ilegal, sino también los ciudadanos uruguayos, cuyo nombre no se conoce y que habrían comprado el predio del que luego los despojó Imaz.
Es decir, que ambas partes se encontraban en la ilegalidad y el juez que dictó sentencia falló en favor de Imaz-Sheinbaum debido a que ocuparon el lugar por muchos años y que, con ayuda de vecinos agradecidos, demostraron la ocupación “continuada y pacífica”.
Un caso similar ocurrió a finales de los años 70’s, cuando se llevó a cabo la construcción de una enorme mansión en terrenos ejidales del mismo pueblo de San Andrés Totoltepec. Esto se hizo tras despojar a los ejidatarios de sus derechos y sus predios mediante prestanombres que ayudaron a ocultar quien era el verdadero dueño, Arturo “El Negro” Durazo, producto de la corrupción de la que fue partícipe en la policía.
La “prescripción positiva”
La prescripción positiva es un recurso que contempla la ley para dar a una persona el derecho de propiedad de un inmueble si se demuestra la posesión en concepto de dueño durante todo el tiempo que establece la ley. Dicha posesión debe demostrarse que ha sido pacífica, pública y continuada.
Por su naturaleza, en esta clase de juicios no hay documentos de propiedad, compraventa o escrituras, por lo que la carga de la prueba recae en las pruebas testimoniales de personas que dan “fe” de que el interesado ha habitado el inmueble en cuestión.
Salta a la razón que los testimonios son manipulables. La ley permite que el demandante elija a quienes declararán en su favor y en casos como estos, tienen que ser vecinos que afirmen haber atestiguado que Claudia Sheinbaum y Carlos Imaz habitaron la casa en cuestión durante muchos años y por ese solo hecho, tenían derecho a decirse dueños.
Si se considera que al menos tres de esos exvecinos de la aspirante presidencial gozan de las mieles del presupuesto gracias a la intervención de Claudia, el cuadro de influyentismo se presenta claro y evidente.
