viernes 15 noviembre 2024

Falta de transparencia y concusión, probables ilegalidades en “la rifa del avión”

por etcétera

Hoy el periódico Reforma publica que la solicitud que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a un grupo de destacados empresarios para que compren boletos de un sorteo de la Lotería Nacional podría ser ilegal debido a que transgrede la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) e incluso el Código Penal Federal.

Reforma cita la siguiente parte de esa ley: “Deben conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”.

Se trata de la fracción II del artículo 7 de la LGRA, que establece las directrices que deben observar los servidores públicos. De ese artículo también es necesario citar la fracción VI: “Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

En el caso de la solicitud de compra de billetes de lotería es pertinente por la declaración que hoy hizo el presidente por la mañana: al cuestionamiento de si se darían a conocer los nombres de los empresarios que aportarían al sorteo, contestó: “Es que no tenemos por qué hacerlo legalmente. Les dije antier si ellos deseaban expresar que se dieran a conocer los nombres lo hacíamos, pero si no es como comprar los boletos de la Lotería: se quedan en el anonimato”.

Asimismo, en la fracción IX del artículo 7 de la LGRA se establece los siguiente: “Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones”.

Esa norma es pertinente porque cuando al mandatario se le insistió en que si no se conoce la lista de empresarios que comprarán boletos cómo podría saberse si eran o no beneficiados por el gobierno, comentó: “Nosotros no vamos a darle beneficio a nadie fuera de la ley, aquí no hay preferencias, no hay influyentismo”.

Y añadió: “No, es que ese es el problema: nos confunden. Yo no soy Salinas; digo, sí calienta eso. No vamos nosotros, ya parece; imagínense: tantos años de lucha, de mantener en alto nuestros ideales, nuestros principios, para caer en el influyentismo”.

Desde el día 11, un día antes de la reunión con empresarios, el presidente se había negado a la transparencia: “No vamos a dar conocer los nombres; o sea, porque eso no es correcto: lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha”.

Eso también podría ser violatorio de la LGRA porque el presidente se niega a dar cuenta de los intereses que pudieran estar en conflicto con el desempeño de sus obligaciones.

También el Código Penal Federal pudo haber sido violado en el caso de la solicitud de empresarios, ya que en su artículo 218 establece: “Comete el delito de concusión: el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley”.

El 11 de febrero, en su conferencia de prensa, sobre los billetes del sorteo el presidente anunció que los empresarios “nos pueden ayudar a distribuir, adquirir, comprar, cuatro millones. Si son 100 empresarios que pueden ayudar, les tocaría como de a 20 millones, 40 mil números a distribuir o adquirir.

“Y además de esos cuatro millones, se van a vender en la Lotería dos millones de cachitos, 500 pesos, con lo cual vamos a obtener alrededor de tres mil millones. Vamos a destinar dos mil 500 millones para la compra de equipos de salud, dos mil 500 millones”.

Hoy, el presidente afirmó que la petición a los empresarios para que compren y distribuyan boletos del sorteo del 15 de septiembre “es totalmente legal. No sé porque vaya a ser ilegal”, y agregó que “si estos es una dádiva habría que ver los fines, porque no es para beneficio personal” sino público, social.

Según informó ayer el gobierno, los empresarios asistentes a la reunión del pasado miércoles en Palacio Nacional se comprometieron a apoyar el sorteo del 15 de septiembre con al menos mil 500 millones de pesos.

Sobre los billetes del sorteo que se les darán a los empresarios, el presidente dijo: “Unos van a distribuirlos con otras empresas; otros van a vender en sus comercios, en sus bancos; otros los van a entregar a sus trabajadores; otros los van a utilizar para promover sus productos… Lo hacen para cooperar y que se entregue a la gente”.

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