La Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy, decidió reactivar la persecución en contra de María Amparo Casar, directora de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), aduciendo un supuesto “uso ilícito de atribuciones y facultades”.
De acuerdo con una nota del diario La Jornada, la acusación contra la activista tiene que ver con el cobro de su pensión por viudez, que Pemex le otorgó tras la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla, en octubre de 2004, quien se desempeñaba como Coordinador Ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración.
En el reporte periodístico no se hace mención de ningún comunicado ni declaración de la titular de la FGR, Ernestina Godoy, o cualquier otro funcionario; hasta el momento, no hay en la página ni en las redes de la FGR ningún pronunciamiento oficial sobre el tema.
La fuente que se cita son documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a los que el diario tuvo acceso en los que se menciona que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia en contra de María Amparo Casar y dos personas más por el delito ya mencionado, la cual estaría programada para el próximo 16 de diciembre, fecha en las que se prevé dar a conocer los resultados finales quela FGR abrió desde 2024 contra la presidenta de MCCI.
También se indica que, de acuerdo con el Código Penal Federal, el uso ilícito de atribuciones y facultades es imputable tanto a servidores públicos como a particulares. En caso de ser encontrado culpable, el acusado sería acreedor a una pena de seis meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días multa, sin embargo, al ser un delito no grave, el indiciado puede seguir su proceso en libertar condicional.
Este asunto fue ventilado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en mayo de 2024 cuando, vulnerando la Ley de Protección de Datos Personales, dio a conocer información privada de la activista y sus hijos, para sugerir un supuesto delito en el cobro de dicha pensión y otras prestaciones, debido a que su esposo no perdió la vida en forma accidental cuando cayó del piso 12 del edificio central de Pemex en la Ciudad de México, sino que se trató de un suicidio y por lo tanto, según el expresidente, Casar no tenía derecho a esa pensión.
El tabasqueño fue más allá y acusó una supuesta reunión de María Amparo Casar y el escritor Héctor Aguilar Camín con Bernardo Bátiz, quien fungía como Procurador de la Ciudad de México cuando ocurrió la muerte del ejecutivo de Pemex para pedirle que se alterara el acta de defunción y alegar muerte accidental. Sin embargo, entrevistado por Carmen Aristegui, Bátiz Vázquez dijo no recordar que dicha reunión se hubiera efectuado y también negó que se hubiera alterado documento alguno; lo único que confirmó, es que la muerte se estableció como un suicidio desde un inicio.
Secundando a López Obrador, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, dijo que se acusaría a María Amparo Casar por “fraude” por 31 millones de pesos, por el cobro de la pensión que ascendía a 125 mil pesos mensuales; asimismo también amagó con demandar por la vía legal la restitución de estos recursos. Como remate, anunció que se le había suspendido dicho beneficio desde 2024; sin embargo, tras un recurso legal interpuesto, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Laboral ordenó a Pemex restituir la pensión a Casar Pérez.
A pesar de que en la comparecencia previa a su elección y su discurso de toma de protesta como titular de la FGR, Ernestina Godoy, ofreció que no se fabricarían culpables ni se usaría a la institución con fines políticos, además de aplicar la justicia por igual, en los pocos días que lleva al frente ya encarceló al exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, por lavado de dinero, pero hasta ahora no ha anunciado una acción similar en contra de personajes de Morena contra quienes hay señalamientos por delitos graves.
Ahora decide reactivar un caso, de un delito no grave, el cual ya está siendo ampliamente divulgado por medios y periodistas afines al régimen, quienes ya declararon la culpabilidad de María Amparo Casar antes de que se dé algún informe oficial del caso.
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