Al tiempo de señalar al ex embajador Ken Salazar de haber violado diversas leyes, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que no hay pruebas en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En conferencia de prensa encabezada por la fiscal Ernestina Godoy, en la que estuvo acompañada de dos fiscales especializados, la dependencia negó enfáticamente la existencia de pruebas contra Rocha y otros nueve coacusados por Estados Unidos.
Ello, a partir de la “exhaustiva” investigación que, dicen, están haciendo a partir de la solicitud de detención con fines de extradición hecha el pasado 29 de abril por el gobierno norteamericano.
El fiscal especializado David Boone dijo que “con base en lo señalado en esta solicitud, no ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano”.
“Citaron a las 10 personas, se han recibido reportes, informes, ha sido muy exhaustiva la investigación. No solamente porque esa es la convicción del ministerio público del fiscal en jefe a cargo del asunto, y en un ministerio público, hay un fiscal en jefe, hay un fiscal especial de casos complejos y la convicción de todos es ser exhaustivos en términos generales, por supuesto”, agregó.
Así, a dos meses de abierta la investigación, y luego de haber hablado el 26 de mayo con el propio Rocha Moya, la FGR sostuvo que no hay elementos para cumplimentar la petición de Estados Unidos de entregarle al exgobernador.
Ello, al tiempo que la fiscal Godoy aseguró que en otro caso, el de la captura de Ismael Zambada, hay elementos para señalar “posibles violaciones graves” al derecho nacional e internacional.
Y particularmente, señaló al ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de mentir sobre la participación de agencias estadounidenses en el traslado del capo.
“De confirmarse la información reciente, respecto a que el FBI reconoce que se trató de una operación exitosa planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana, para trasladarla y encarcelarla en otro país, todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves.
“Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales”.
Agregó Godoy que “el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador Salazar sostuvo que el gobierno de su país no participó en esa operación, que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México, sino que fue una operación entre cárteles”.
En su turno al micrófono, el fiscal especial Raúl Jiménez dijo que “lo que se le reprocha al embajador Salazar es que se condujo con falsedad. En virtud de lo anterior, violentó, contravino y atacó el marco regulatorio de la diplomacia internacional”.
El funcionario dijo que no habrá consecuencias penales contra Salazar, porque lo protege la inmunidad diplomática.
“Las consecuencias no son necesariamente penales, y no lo son porque los embajadores en el desempeño de su representación diplomática gozan de lo que se conoce en derecho internacional como la inmunidad diplomática”.
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