Sin consultar a su comité de transparencia, la Fiscalía General de la República (FGR) resolvió catalogar como reservada por tiempo indefinido, la información relacionada con la investigación que abrió en contra de 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes les imputó los delitos de delincuencia organizada, peculado lavado de dinero.
La dependencia argumentó que “bajo ninguna circunstancia” es posible desclasificar el expediente, ya que se trata de un proceso en curso y si se hacen públicos los datos del mismo, se puede poner en riesgo el éxito de la investigación y se pondría sobre aviso a quienes, a su juicio, “forman parte de la delincuencia organizada”, reporta el sitio digital Animal Político.
“La información solicitada se encuentra relacionada con una indagatoria en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño”, adujo la FGR en el oficio de respuesta al mencionado medio de comunicación.
El representante legal de una de las científicas bajo investigación, Ricardo Reyes Retana, dio a conocer que desde hace un mes se hizo la solicitud formal al Ministerio Público para que se dé por cerrado el caso, toda vez que han sido denegadas las órdenes de aprehensión en contra de los imputados al no acreditárseles ningún delito, sin embargo, la FGR no ha dado respuesta.
La investigación en contra de los 31 científicos está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la FGR (antes SEIDO) y se realiza en atención a una denuncia presentada desde finales de 2019 a solicitud de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.
En la denuncia se acusa a los académicos de coludirse en un “entramado criminal organizado” para desviar recursos por 244 millones de pesos entre 2013 y 2018, los cuales se destinaron al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., asociación civil que según la directiva del Conacyt fue creada de manera irregular y por lo tanto, no debía recibir fondos públicos.
Alegando lo anterior, la FGR solicitó en dos diferentes ocasiones a un juez federal órdenes de aprehensión contra los señalados y que los encerrara de forma preventiva en el penal federal del Altiplano, Estado de México. El impartidor de justicia rechazó la petición por considerar que no existe delito que perseguir, dado que la asociación civil a la que se destinó el recurso estaba contemplada en los estatutos del Conacyt y por lo tanto, no hay nada ilegal.
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