Por la caída de un tramo de la Línea 12 del Metro han sido imputados, por daños a la propiedad, homicidio y lesiones dolosas, ocho exfuncionarios de ese medio de transporte. El abogado de varios de ellos señala que no se tomaron en cuenta fallas en inspección y mantenimiento.
Durante la audiencia sobre el caso realizada este jueves después de que había sido diferida en varias ocasiones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó imputar, frente a José Luis Palacios Hernández, juez de Control, a Enrique Horcasitas Manjarrez (quien fue director del Proyecto Metro), Enrique Baker Díaz, Fernando Amezcua , Moisés Guerrero, Juan Antonio Giral y Mazón, Ricardo Ruiz Pérez, Juan Carlos Ramos y Fernando Ramiro Lalana. Ello, por los presuntos delitos de daños a la propiedad, homicidio y lesiones.
Sin embargo, hay un par de casos que quedaron pendientes para una próxima audiencia a celebrarse el próximo 7 de agosto: los de Héctor Rosas Troncoso, que hizo un cambio en su defensa, y Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, quien se reportó enfermo de Covid-19.
Por parte de la defensa, el abogado de Horcasitas Manjarrez y otros cuatro imputados, Gabriel Regino, solicitó la duplicidad del término constitucional para determinar la situación jurídica de los imputados, en un intento por evitar la vinculación a proceso de sus clientes.
Regino consideró que, justamente, lo que se busca es vincular a proceso a sus clientes y que se trata de una “persecución política”. Acusó que la Fiscalía insiste en la versión de fallas en el diseño y construcción de la Línea 12 del Metro, además de que no se acusa a las compañías ICA y Carso, también responsables de ellas. También señaló que no hay nada referente a la falta de inspección, mantenimiento y a consecuencias del sismo de 2017.
Ragino también recordó que, por ejemplo, no se investiga a Florencia Serranía, quien era directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro cuando ocurrió el derrumbe del tramo, ocurrido el 3 de mayo de 2021 y que cobró la vida de 26 personas y que causó casi un centenar de lesionados.
Por su parte, Teófilo Benítez, abogado que representa a varias víctimas, expresó que solicitarían medidas cautelares, e incluso actos como la prisión preventiva oficiosa, lo que depende del dolo. También acusó que el juez actúa con opacidad.