Aunque no son derechohabientes, legisladores y funcionarios cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador han hecho uso del Hospital Central Militar, especialmente durante la fase crítica de la pandemia. No se sabe si pagaron por esos servicios, informó Latinus.
Entre las personas que recibieron atención médica en el hospital militar estuvieron la madre de Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de la Presidencia; Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente, quien incluso fue llevado a su casa acompañado por un médico y tres elementos de tropa; Laura González Nieto, asistente particular de López Obrador; Daniel Asaf Manjarrez, jefe de Ayudantía de la Presidencia de la República, además de su novia y una colaboradora, y Alejandro Castaños Romero, subinspector de la misma institución.
Entre los documentos hackeados por Guacamaya Latinus halló reportes de otras personas atendidas en 2020 y 2021, algunos durante los meses más severos de infecciones de Covid-19. Entre quienes allí acudieron estuvieron, por ejemplo, Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena; Nohemí Leticia Ánimas Vargas, coordinadora nacional de Becas para el Bienestar, y Francisco Daniel Rivera, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Los tres tuvieron Covid-19, y los dos últimos fallecieron en enero de 2021.
La nota de Latinus también da cuenta de la atención médica militar que recibieron los suegros y un cuñado de Jorge Nuño Lara, quien era titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la tía de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entonces coordinadora general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Los militares también atendieron al senador petista Reginaldo Sandoval Flores, quien estuvo internado varias semanas en Neumología.
Latinus también aclara que los mencionados no estaban afiliados al Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas, por lo que debieron haber sido atendidos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, además de que los reportes no informan si los servicios médicos militares fueron sufragados por aquellos o fueron prestados gratuitamente por el Ejército.
