Una auditoría interna de la Fiscalía General de la República detectó que esta dependencia gastó el 81.34% de su presupuesto a través de 44 contratos de adjudicaciones directas, lo que representa un gasto de 3 mil 82 millones 186 mil 292 pesos que no se ejercieron por medio de licitaciones públicas. De esos 44 contratos, sólo 21 cumplen con los criterios de imparcialidad y transparencia que establece la ley.
Entre estos gastos se encuentran 280 millones de pesos en gasolina para el parque vehicular, mil 396 millones en alquiler de vehículos, 9 millones 668 mil en mensajería y paquetería y más de 25 millones para servicios de comida en las unidades administrativas. También se adquirieron servicios de soporte técnico, teléfonos celulares, atención a automóviles, reparación de aeronaves, equipos de laboratorio y asesoría legal.
El diario El Universal reporta este 10 de febrero que este y otros datos constan en un informe que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, Arturo Serrano Meneses, envió a la Cámara de Diputados.
En dicho análisis, el propio OIC admite que no tiene el apropiado acceso en tiempo real a los mecanismos de gastos de los diversos departamentos para ejercer la necesaria supervisión . Y enfatiza que las dependencias de la FGR no atendieron en múltiples casos la norma de adquisiciones y gastaron excesivamente. Existió “inadecuada planeación y programación de ciertas contrataciones”, asienta.
Esos más de 3 mil millones se gastaron por medio de 44 contratos, adjudicados al 31 de diciembre de 2020. De esos 44 contratos, solo 21 cumplen con los criterios “de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”.
Según el informe, 81.34% de los contratos se ejercieron a través de “procesos de excepción a la licitación pública”, cuando se pudieron realizar conforme a la Ley de Adquisiciones (no a sus procesos de excepción), y ahorrar gran cantidad de recursos.
“Del presupuesto comprometido al 31 de diciembre de 2020, 81.18%, es decir, 3,076,024,102.63 (tres mil setenta y seis millones, veinticuatro mil ciento dos pesos 63/100 m.n.), se ejerció a través de los procesos de excepción a la licitación pública amparados en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por la cual se observa que la licitación pública, durante el ejercicio 2020, no fue el procedimiento por el cual optó la Fiscalía General de la República en la adquisición de bienes y servicios”, dice el informe.
En efecto, dicha ley autoriza a las dependencias a ejercer discrecionalidad para contratar diversas clases de servicios sin pasar por una licitación pública, pero en el caso de la FGR fue la mayoría de los casos, cuando debe ser la excepción.
Del presupuesto ejercido por la FGR en 2020, sólo 706 millones 777 mil 406 pesos se hicieron a través de licitaciones públicas (18.66%) y el resto, los más de 3 mil millones, se gastaron por medio de adjudicaciones directas, conducta que el órgano interno de la Fiscalía reprueba.
Estos procesos “no se lograron llevar a cabo mediante procesos de licitación pública por debilidades de control interno en las áreas requirientes para efectuar una debida planeación en su contratación”, critica.
Se “recomienda que el área competente en la Fiscalía General de la República emita una regulación específica que oriente a las áreas requirentes, acerca de cuándo una adjudicación puede realizarse mediante un proceso distinto al que, por su naturaleza, monto y necesidades del servicio, bien podía llevarse a cabo bajo los supuestos previstos en la Ley de Adquisiciones”.
Y exige que dentro de la propia FGR se asegure el acceso al Órgano Interno de Control “en tiempo real”, a los sistemas de control de ejercicio de gastos, para “acompañar” a las áreas correspondientes en sus procesos de adquisiciones, para ejercer sus “facultades de prevención y asistencia técnica” en beneficio de la institución.
