El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció diversos actos de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, desde el desmantelamiento de la unidad dedicada al caso hasta la cancelación de 21 órdenes de aprehensión. También consideró ese crimen como ejemplo del funcionamiento de la macrocriminalidad en el país.
En la conferencia de prensa Francisco Cox recordó que el 26 de junio de 2019 se creó la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), cuyos lineamientos consideró que han sido rotos por el titular de la FGR. Señaló que desde el principio hubo obstáculos para el cumplimiento de sus tareas.
“A eso nos referimos con la no ejecución de las órdenes de aprehensión”, que no dependía de la UEILCA sino de otra sección de la FGR, además de que la Unidad también solicitó servicios periciales que no daban resultados, por lo que tuvo que buscarlos en el extranjero y que si los dieron, por ejemplo, en la identificación de voces de personas públicas.
Cox enfatizó que la mayor ruptura se dio en agosto pasado, cuando el día 16 “se comisiona a una licenciada de Asuntos Internos para que desempeñara funciones de agente del Ministerio Público adscribiéndola a la UEILCA”, pero que no se explicó “por qué esta persona debiese ser comisionada; no se da explicación, no se justifica a la luz del acuerdo del 26 de junio de 2019”.
Añadió que esa designación fue contra los fundamentos, como el de que se tenía que contar con conocimiento del caso, porque esta persona no tenía conocimiento del caso. Y ello quedó demostrado el día 17 de agosto, cuando se produce la judicialización con la solicitud de aprehensión del exprocurador Murillo Karam, y fue de público conocimiento cómo, en la audiencia de control, el juez de Control del Reclusorio Norte llamó la atención a quienes concurrieron a dicha audiencia por su falta de conocimiento del caso”.
“Lo que es más grave, en opinión del GIEI: se dejaron de incluir evidencias y antecedentes probatorios que hubiesen fortalecido, aún más, la responsabilidad del exprocurador Murillo Karam”, expresó Cox.
Ante ello, hay el riesgo de que no se logre una condena adecuada en el caso de Murillo.
“El GIEI reitera que en un Estado de derecho, la Fiscalía, como ente autónomo, no puede tener más consideraciones que las consideraciones judiciales probatorias y lograr condenas. Producto de esta judicialización débil del exprocurador Murillo Karam se corre el riesgo de que posteriormente no se logre una condena, no obstante existir evidencia y prueba de la participación del señor Murillo Karam en la construcción de la mal llamada ‘verdad histórica”, expuso Cox.
Señaló una falla estructural del proceso penal mexicano: “Se tiene una atención mayor a la detención que a la condena, que lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención, de un inicio de una vinculación a proceso, sin importar el resultado de esa formalización”.
También acusó otra ruptura del acuerdo de 2019: que el pasado agosto la UEILCA se había quedado sin policías que asistieran en las investigaciones y que realizaran las diligencias. “Sólo hay una persona que puede dar esa instrucción”, dijo.
Mencionó que también justo antes de la solicitud de las órdenes de aprehensión, se hayan solicitado auditorías a la Unidad, cuando con anterioridad no se habían hecho, y que ya lleva tres prórrogas.
Denunció que le hecho más grave es la solicitud de la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, “sin conocimiento, sin consentimiento de ninguna persona ni de ningún funcionario de la UEILCA, sino de funcionarios externos, ministerios públicos externos, adscritos al juzgado”. Añade que el GIEI no ha conocido el fundamento de esa solicitud, y aclaró que el juez no puede negarse a ella, aunque antes las había concedido porque considero que había bases para ello.
En esas cancelaciones se encuentran miembros del Ejército y otras autoridades, lo que a Cox le parece que ello fue ordenado “con un criterio ajeno a la investigación toda vez que el equipo de la UEILCA no participó y todavía no sabe los fundamentos de esa cancelación”.
Y dio un reconocimiento al equipo de la UEILCA.
Carlos Martín Beristáin consideró que la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y la UEILCA “fueron pasos importantes, reales, y, como hemos visto, han dado resultados en la investigación. Es muy importante que esos resultados y que esos instrumentos se protejan”.
Llamó a fortalecer a la UEILCA para revertir “el proceso de deterioro, cuestionamiento y falta de apoyo institucional de la fiscalía. Si eso no se da, es muy difícil seguir con el caso adelante”.
Por su parte, Claudia Paz presentó una serie de comunicaciones que muestran la interacción que el grupo delictivo Guerreros Unidos mantenía con militares y policías, así como con otras autoridades en la desaparición de los normalistas.
Añadió que la renuncia del titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, les parece “un hecho sumamente lamentable” porque es “una persona que actuó con integridad, con independencia, con profesionalismo. Tenía la confianza de los papás y de las mamás. Nosotros trabajamos con él en todo este tiempo de forma directa”. Atribuyó su renuncia a “indebidas intromisiones en su trabajo”.
De la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión, Paz consideró que “ese actuar de parte de las máximas autoridades de la Fiscalía General también es inexplicable. No se ajusta a los mínimos estándares internacionales ni tampoco a un Estado de derecho”. Y dijo que solicitaron una entrevista al fiscal general sobre el tema.
Ángela Buitrago también defendió el trabajo de la UEILCA, que consideró un paso fundamental de la justicia mexicana pero que retrocedió por “las presiones indebidas y de un modelo que se reproduce indiscutiblemente en la procuraduría, y es de que cuando alguien levanta la mano, los demás saltan”.
Agregó que el problema es “que se den órdenes y se cambien fiscales porque los fiscales no quieren seguir las órdenes que no tienen ninguna justificación”.
De la cancelación de las órdenes de aprehensión, Buitrago comentó que las 83 fueron solicitadas con fundamento en el análisis de la investigación, pero consideró incomprensible “que un fiscal que no conoce el asunto”, que no tuvo acceso a los más de 600 folios del caso, fue el que “solicitó la revocatoria. Nunca supo por qué tenía que quitar o por qué tenía que dejar”.
Cox también dijo que el caso Ayotzinapa muestra “el funcionamiento de la macrocriminalidad en México y su poder de cooptación de los distintos niveles de las autoridades”, que no sólo ha alcanzado a las municipales sino también a las federales, como la policía federal, el Ejército e incluso a la Marina.
El GIEI también anunció que solicitará una prórroga de un mes para realizar una evaluación de las pruebas que se han presentado, además de que propuso un mecanismo de seguimiento.
