Para el gobierno federal, en México son nueve reporteros y no 11 los que han sido asesinados durante 2022, según informó Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presuntamente porque de dos el periodismo no era su actividad. No refirió los criterios para hacer esta distinción.
Durante el reporte de asuntos de seguridad presentado este jueves durante la conferencia de prensa presidencial, el funcionario señaló que hay dos órdenes de aprehensión contra presuntos autores materiales del asesinato de Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera en Veracruz. No dijo nada de la detención de un falso implicado en ese crimen y su posterior liberación por ser sólo un homónimo, ni de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz atribuyó el yerro a la federal Coordinación Nacional Antisecuestro.
Pero el señalamiento importante de Mejía Berdeja fue la negación del carácter de periodistas a dos comunicadores ultimados. Para hacer la distinción entre periodistas y los que no lo son, dijo que “todos están soportados en actuaciones ministeriales de las fiscalías, incluso en testimonios de familiares de las víctimas, quienes refirieron cuál era la principal, o la actividad, mejor dicho, de sus familiares victimados. Entonces por esa razón se ha llegado a esta cifra”.
Los casos que sí reconocen las autoridades federales son los siguientes: José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Heber López y Juan Carlos Muñiz.
También mencionó en su listado a Armando Linares, Luis Enrique Ramírez Ramos y las dos periodistas antes mencionadas.
Así, de los 11 periodistas asesinados que diversas organizaciones incluyen en sus recuentos, el gobierno federal le niega esa profesión a Roberto Toledo, ultimado en Zitácuaro Michoacán, y a Jorge Camero Zazueta, en Empalme, Sonora.
Del crimen contra Toledo, perpetrado el 31 de enero pasado, desde el primer día e incluso pese a haberlo inicialmente reconocido, el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, negó que fuera periodista y dijo que era auxiliar de un despacho de abogados.
Sin embargo, el mismo día el director de Monitor Michoacán, Armando Linares, denunció que ese medio había recibido amenaza de muerte, las que, expresó, ese día se cumplieron “y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de tres personas que llegaron, le dispararon, de manera ruin, de manera cobarde”. Linares fue asesinado mes y medio después.
Camero Zazueta era director del medio El Informativo cuando, el 25 de febrero, fue víctima de un atentado a tiros en un gimnasio. Antes había sido comentarista en programas radiofónicos, después fue secretario particular del alcalde de Empalme, y dejó el servició público el 9 de febrero oara volver a sus labores de comunicador.
Este jueves Mejía Berdeja excluyó del listado a estos últimos dos comunicadores, pero que haría llegar la información “sensible” sobre esos dos casos a través de Ramírez Cuevas para explicar por qué les niegan la calidad de periodistas. Sin embargo, no dio detalles de los criterios utilizados para hacer esa clasificación, sobre todo en medios locales donde, para completar sus ingresos, los reporteros se tienen que dedicar también a otras actividades.
Acerca de los nueve casos restantes, dijo que hay 21 detenidos o personas buscadas por ellos, y 16 vinculados a proceso penal.
