Los partidos que integran la Alianza va Por México parecen no estar dispuestos a digerir la derrota electoral que la mayoría de las encuestas pronostican en Tamaulipas y han avalado, en una actitud que en nada contribuye a la legalidad democrática que exigen en otros estados y al gobierno federal, los desplantes autoritarios y la guerra sucia con la que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha decidido influir en los comicios para evitar con las malas artes del pasado, el triunfo de Morena.
El mandatario panista es el principal interesado y preocupado en revertir las tendencias de intención de votos porque en esta elección se juega no sólo su futuro político, sino muy seguramente su libertad. Si bien logró evitar que se le vinculara a proceso, no hay que olvidar que fue desaforado en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021 y hasta donde se sabe, las acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, siguen a la espera de ser judicializadas.
Cabeza de Vaca está al frente del primer gobierno de alternancia en Tamaulipas, con muy malos resultados a juicio precisamente de las encuestas: 7 de cada 10 tamaulipecos están hoy en día de acuerdo con un cambio de partido en el gobierno. Se trata de una amplia mayoría, decepcionada por quien en 2016 ofreció “vientos de cambio” para diferenciarse, ahora se sabe que, sin éxito, de los gobiernos priistas que dejaron una estela de corrupción y de nexos con el crimen organizado.
De hecho, el mayor logro que ha presumido la administración panista, el de la seguridad, parece ser, precisamente, el origen de su debacle. Es cierto, Tamaulipas pasó de ser uno de los principales estados con mayor índice de homicidios dolosos, a estar en el medio de la tabla, distanciado de la dolorosa realidad que aqueja a otras entidades como Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Michoacán o Jalisco.
Pero lo que subyace detrás de lo que mediática y estadísticamente parece un éxito en materia de seguridad pública, es una tragedia que tiene que difundirse, porque las familias tamaulipecas lo saben. Al principio de la administración de Cabeza de Vaca, el estado registró una espiral de violencia que empezó a contenerse y a desdibujarse, al menos en la opinión pública nacional, bajo las señales inequívocas de acuerdos implícitos entre la autoridad y los grupos criminales. En varias ciudades se colocaron mantas en las que el Cártel del Golfo anunciaba a grupos rivales como el Cartel del Noreste y los Zetas, una “tregua” en la disputa por plazas y ciudades.
Ese acuerdo, que no es reconocido formalmente, pero del que en Tamaulipas todos saben, es el que, sin duda, sacó a la entidad de la lista de los estados con mayor violencia, pero la estrategia significó solamente esconder la basura bajo la alfombra. El dato duro lo aporta la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dependiente de la Secretaría de Gobernación: 52.1 por ciento de todas las personas que han sido declaradas como desaparecidas en Tamaulipas, desde 1964 a la fecha, fueron víctimas de la desaparición forzada durante la actual administración panista.
Es decir: desde que se tienen los primeros registros, la entidad ha reportado un total de 11,981 personas no localizadas; 6,249 de ellas, desaparecieron para no ser vistas nunca más en lo que va del gobierno de Cabeza de Vaca, del 1 de octubre de 2016 al 18 de mayo de este año. Agréguese a esta tragedia los 4,110 homicidios violentos que se han registrado con todo y “pacto” y el número de víctimas aumenta a 5 víctimas de desaparición física o asesinato diariamente, en una entidad que para la alianza PAN-PRI-PRD es “modelo exitoso” de seguridad.
Genoveva Martínez, madre de Carolyn, desparecida en Reynosa en 2017, me comentó que ella no pierde las esperanzas siquiera de encontrar los restos de la joven de 26 años de edad, que fue levantada por delincuentes cuando salía de su trabajo. Pero dice que entre las madres buscadoras hay un sentimiento de que el acuerdo entre el crimen organizado y el gobierno de Tamaulipas fue de no dejar cadáveres para que las cifras de violencia bajen.
Es indiscutible: no tiene el mismo impacto en la opinión pública la noticia de un ejecutado, que de una persona desaparecida. De esta última se va a pensar siempre que a lo mejor sólo se fue, se alejó de su familia, o que incluso optó por abandonar a sus hijos. Ver cuerpos ensangrentados en la calle, o en bolsas negras tirados sobre un camino vecinal, es otra cosa.
De modo que la preocupación del gobernador es por partida doble y por eso se empaña en manchar el inminente triunfo de Morena con una campaña mediática sin sustento, pero con muchos recursos económicos, en contra del candidato Américo Villarreal y su familia. Todo el gobierno metido a una batalla de antemano perdida. Elección de Estado, le llamaría la Alianza Va por México si esto ocurriera en otro estado.
En estos meses, con su imagen de que ha “resuelto” la inseguridad, Cabeza de Vaca ha podido posicionarse como prospecto presidencial del PAN, pero la derrota de su candidato, que es además su compadre, César Verástegui Ostos, le representaría un duro golpe a sus aspiraciones de tener al menos un blindaje político que le dure unos meses al dejar la gubernatura. Por el otro lado, el tema de las desapariciones forzadas y estar sin fuero, pueden significarle que se reactiven las investigaciones sobre sus nexos con el crimen organizado, al que ahora se sabe, nunca contuvo sino que dejó actuar impunemente en contra de los tamaulipecos.