El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero, el antropólogo Abel Barrera Hernández, dijo que en torno al tema de la venta de niñas en comunidades indígenas y rurales, el punto de partida “tradicional” es el pago de la dote que se hace a los padres de la niña al momento de pactar un matrimonio, pero que esta costumbre ha degenerado en una auténtica transacción comercial.
En entrevista con diferentes medios, Barrera dijo que “la ritualidad ancestral indígena de entrega de las doncellas por dote desde su primera menstruación se ha ido perdiendo y ahora se mercantiliza a las niñas” e incluso se les llega a fijar un precio. Esto, en la zona de Guerrero, que es donde el antropólogo conoce la problemática a fondo, se ha convertido en un círculo de violencia para las niñas y de pobreza para los varones, pues muchos padres fijan elevados precios para sus hijas.
La problemática central es que esa clase matrimonios son justamente un pacto entre adultos, entre los padres del niño y de la niña, lo que deviene en matrimonios infantiles forzados, afectando fundamentalmente los derechos de la niña implicada.
“Tradicionalmente”, dijo, el pago se hace “a la hora de hacer la solicitud formal a los padres de la niña, porque no es nada más que llegue y compre, porque es un acuerdo entre los padres tanto de la niña como del niño”. Se trata del ritual conocido como “de la dote” que consiste en una entrega de bienes o dinero que la familia del “novio” entrega a la familia de la “novia”.
Tradicionalmente la dote se pagaba en especie, “ya sea con guajolotes, pollos, pan o con otros presentes” y era parte de una interacción continuada entre las dos familias. Eran una serie de ceremonias, pero, según explicó Barrera Hernández, desde que muchos jóvenes de comunidades indígenas trabajan en Estados Unidos, la dote se tradujo a términos monetarios para simplificar el trato, lo que ha “deteriorado” la costumbre.
“Con la migración, los jóvenes que comenzaron a ganar dólares en New York comenzaron a ver la posibilidad de que, pues ya que no podían ir, no estaban en las ceremonias y comenzaron a mandar dinero que sustituyera a la dote”, explicó.
“La dote, más que una compra, era una muestra de reconocimiento a los padres de la joven, por los cuidados que le otorgaron desde el nacimiento, su infancia, adolescencia hasta el momento de establecer el compromiso”, explicó.
Admitió que este uso resulta lesivo para los derechos humanos de las niñas, que se ven involucradas en un compromiso hecho a temprana edad sin su consentimiento, frenando su derecho a la educación y desarrollo.
“Las niñas son el punto más débil del eslabón de los usos y costumbres de los pueblos originarios”, porque finalmente, el acuerdo se hace sin tomar en cuenta su parecer y en muchos casos se convierte en un matrimonio infantil forzado en donde el “novio”, como pagó la dote, “se siente dueño de la persona”, dijo.
“Las niñas quedan en absoluta vulnerabilidad. Su nueva familia las esclaviza con tareas domésticas y agrícolas, y a veces los suegros abusan sexualmente de ellas”.
Aunque según él, no se trata de que cualquier extraño con dinero en mano pueda presentarse en una casa y adquirir una niña, sino que media un acuerdo entre dos familias que se conocen, hay que aceptar que en una mayoría de ocasiones se trata de menores de edad, cuyos padres determinan comprometerlas sin su consentimiento.
“Hablamos de que en muchas ocasiones se trata de menores de 13 años, niñas que ya no tienen la oportunidad de estudiar. No deciden ellas, es un acuerdo entre padres y no hay un noviazgo formal. Se deterioran los derechos de las niñas y en muchos casos se genera un futuro de violencia, pues algunos jóvenes piensan que porque pagaron, automáticamente son como dueños de la persona”.
Enfatizó que en los pueblos donde se observa este uso hay que trabajar para lograr que se entienda que la entrega de una dote no convierte a la mujer en propiedad del varón, sino que se trata de una persona con derechos.
Y en esto, dijo, es indispensable que las autoridades federales y estatales ofrezcan a las niñas en comunidades marginadas acceso al estudio, que se tome en cuenta su punto de vista y que se les ofrezcan oportunidades de desarrollo.
