Según diferentes columnistas, hay más políticos de Morena en la mira de la justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, entre los cuales se encuentran por lo menos dos gobernadores, alcaldes e incluso integrantes del Poder Judicial.
Carlos Loret de Mola, en su colaboración de este lunes en El Universal mencionó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, como los probables próximo acusados por el gobierno de Estados Unidos por tener vínculos con cárteles y recordó que a la mandataria bajacaliforniana y a exesposo Carlos Torres, les fue retirada la visa como parte de un investigación sobre lavado de dinero.
En cuanto a Américo Villarreal, recapituló que ha sido mencionado por diferentes fuentes de alto nivel en México y en Estados Unidos por su relación tan cercana con el asesinado “rey del huachicol”, Sergio Carmona, a quien se señaló por ser el financiador de varias campañas de Morena, entre ellas la que llevó a Rubén Rocha al gobierno de Sinaloa, en la que Villarreal jugó un papel fundamental como delegado de Morena en dicha entidad.
“Que esta información sobre tres políticos del régimen -dos gobernadores y un alcalde- sea compartida por Estados Unidos y México es muy significativo: deja abierto el tablero para que suceda cualquier cosa con sus casos. Nada es un hecho cuando todo está sobre la mesa de negociaciones”, escribió Loret.
Por su parte, también El Universal, el analista financiero Mario Maldonado, señaló que en la llamada 4T esperan una nueva ofensiva desde el gobierno de Donald Trump, en la que es muy probable que salga a relucir el nombre de otro gobernador del régimen, según lo deslizó el fiscal interino de EU, Todd Blanche, quien dijo que habrá nuevas denuncias contra políticos mexicanos de alto nivel con base en la información proporcionada por testigos protegidos.
Aun cuando el columnista no menciona nombres de los posibles acusados, reseña la confrontación del gobierno de Claudia Sheinbaum con su contraparte estadounidense, a partir de la difusión del expediente donde se involucró Rubén Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa. Y aunque hizo todo por defenderlo, finalmente la presión motivó que Rocha pidiera licencia a su cargo y que la FGR se viera forzada a iniciar una investigación.
“La semana que comienza puede marcar un nuevo grado de hostilidad. Si el Departamento de Justicia solicita la detención de otro gobernador, Sheinbaum deberá tomar decisiones más radicales. Por lo pronto, en el gobierno ya hay una instrucción: la de no defender públicamente a Rocha Moya. La línea para los voceros de Morena es decir que las autoridades investigan y que ellas tendrán la última palabra”, alertó Maldonado.
En el mismo diario, Héctor de Mauleón, también citando a Todd Blanche, expuso que EU parece tener elementos para señalar que la influencia del Cártel de Sinaloa no solamente alcanzó a políticos como gobernadores, alcaldes y regidores del oficialismo, sino también a integrantes del renovado Poder Judicial, que resultó de una controvertida y cuestionada elección.
El columnista detalla que el eslabón es el senador de Morena, Enrique Inzunza, quien también figura en el mismo expediente que Rubén Rocha como uno de los políticos relacionados con el Cártel de Sinaloa. Según expone, EU tiene identificado a Inzunza como el operador de la Reforma judicial en Sinaloa junto con la organización delictiva, donde los ganadores fueron candidatos propuestos por él en los “acordeones” que se repartieron a los electores. Dicha circunstancia le permite sentirse impune y escudado en el fuero, pues a diferencia de Rocha, no ha pedido licencia.
“En Sinaloa, todos los jueces incluidos en el “acordeón” que Inzunza planchó en Mazatlán en mayo de 2025 con una ministra de la Suprema Corte, resultaron triunfadores en dicha elección. La coincidencia entre las listas distribuidas por órdenes de Inzunza y los ganadores, es ni más ni menos que del 100 por ciento”, reveló.
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