viernes 24 mayo 2024

El INAI impugna ante la Corte el Plan B porque vulnera datos personales

por etcétera

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra el Plan B de reforma electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque considera que puede vulnerar los datos personales.

En su sesión pública ordinaria realizada este jueves, el Pleno del INAI trató el asunto del Plan B, especialmente en lo referente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al abordar este punto intervino Gonzalo Sánchez de Tagle, director jurídico del instituto, explicó que el decreto del Plan B “podría vulnerar los derechos humanos que este órgano garante tutela, de manera destacada el derecho de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados”.

Continuó: “La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales incorpora el artículo 28-ter que, en principio, vulnera el derecho de protección de datos personales y el derecho de acceso a la información al establecer la figura de flujo de información institucional en aras de integrar el sistema nacional electoral, lo que podría ser violatorio de la garantía de protección de datos personales al señalar que toda la información institucional está disponible para la consulta de los organismos públicos y partidos políticos, incluso, aquella clasificada como reservada o confidencial”.

Indicó que la reforma al artículo 61 modifica la ubicación de los módulos de atención ciudadana que puede generar el riesgo potencial que no se cumpla con las medidas de seguridad mínimas y necesarias para garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos.

También señaló la reforma a los artículos 331 y 333, que establece que las y los mexicanos que residan en el extranjero pueden solicitar su inscripción a las listas nominales del padrón electoral para votar con su pasaporte o matrícula consular, lo que pudiera poner en peligro los principios de integridad y unicidad de dicho padrón y, en consecuencia, los datos personales ahí contenidos.

Otro artículo que señaló fue el 18 de la Ley General de Partidos Políticos, en la que se incorpora la posibilidad de que un ciudadano que tenga conocimiento que se encuentra afiliado sin su consentimiento a un partido político, pueda solicitar la cancelación de su registro conforme a derecho. Sin embargo, el indebido tratamiento de datos no dará lugar a consecuencia jurídica alguna, lo cual es contrario a la ley de la materia y a las obligaciones de los sujetos obligados en materia de tratamiento de datos personales en posesión de sujetos obligados.

Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, dijo que “es menester presentar esta acción de inconstitucionalidad contra la reforma a diversos ordenamientos legales conocida como Plan B porque podría vulnerar la protección de datos personales de la sociedad mexicana”.

Josefina Román consideró importante preguntar a la SCJN para que se pronuncie sobre el tema, especialmente respecto al artículo 28-ter mencionado, y de esa manera tutelar el derecho humano a la privacidad y a la protección de los datos personales.

El comisionado Francisco Javier Acuña dijo que “cuando hay un trasvase ordenado por una ley para que el padrón electoral vaya a manos de otra autoridad o dependencia, toca al INAI, ahí sí, salir en defensa de la integridad de ese listado electoral”.

Advirtió que puede haber cualquier uso indebido de esa información, y añadió que “en este caso sí nos toca salir a levantar la voz y decirle a la Suprema Corte: nos preocupa enteramente la suerte que pueda tener ese padrón en cuanto pueda convertirse en parte del uso de una dependencia de cualquier otro poder, en este caso el Ejecutivo”.

Para Adrián Alcalá, dijo que los asuntos por los que se solicita la intervención de la Suprema Corte “no son temas menores: se trata de la protección de datos personales prácticamente de todas y de todos los mexicanos y, en consecuencia, con un alto grado de responsabilidad es que acudiremos a nuestro máximo tribunal del país”.

De manera unánime los aún cinco consejeros del INAI aprobaron presentar la acción de inconstitucionalidad contra el Plan B.

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