De todas las personas investigadas o procesadas por el caso Ayotzinapa, 34 de ellos fueron torturados para obtener confesiones y sufrieron de otras violaciones a sus derechos humanos. Así lo señala el informa “Doble Injusticia. Violaciones a los Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, emitido por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Señala que existen “fuertes elementos de convicción” para asegurar la existencia de tortura y otras violaciones a los derechos humanos fundamentales por parte de elementos de la PGR, Policía Federal y Secretaría de Marina.
La ONU-DH “cuenta con fuertes elementos de convicción de que dichas personas habrían sido sometidas a tortura, así como a otras violaciones de derechos humanos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016”.
Refiere que, de un total de 129 personas investigadas por la autoridad mexicana en conexión con el suceso, la ONU-DH revisó información sobre 63 casos.
La finalidad de estos procedimientos, según el informe, fue la de lograr que se autoinculparan y señalaran otros posibles responsables de la muerte y desaparición de 43 estudiantes de la normal de San Isidro.
“Algunas de las declaraciones autoinculpatorias habrían sido utilizadas como base para los actos presentados contra las personas detenidas y para las acusaciones contra otras personas”.
Se encontró “un patrón consistente de violaciones a derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme” consistente en detención arbitraria, mucha dilación para presentarlos ante la Fiscalía y tortura “para extraer información”. En los 34 casos citados, todas las personas presentaron lesiones compatibles con actos de tortura.
Se “encontró que todos los casos de violaciones de derechos humanos documentados ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, esto es, luego que la PGR atrajera la investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero”.
Estos hallazgos, sostuvo, “muestran la necesidad de una acción renovada por parte de las autoridades, particularmente de las encargadas de la procuración de justicia, para evitar una práctica institucional de comisión de actos de tortura, así como de su tolerancia y encubrimiento. En la medida en que los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas no son investigadas y sancionadas, y no se excluyen las pruebas obtenidas bajo tortura, se afectan no sólo los derechos de las personas procesadas, sino también en derecho a la verdad y la justicia de las víctimas de los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Este informe se presenta en la Ciudad de México por medio del representante de la oficina Jan Jarab.
ofv
