Luego de que el gobierno de Claudia Sheinbaum descalificara el informe de la ONU sobre desaparecidos, colectivos y activistas pidieron una reunión urgente con la presidenta.
De acuerdo con información recabada por Proceso, decenas de colectivos, activistas y organizaciones de derechos humanos pidieron a Sheinbaum recibirlos. Ello, a días de que la mandataria dijera que nunca le han pedido una reunión.
La resolución del Comité contra la Desaparición Forzada, de la ONU, señala la urgencia de llevar el caso mexicano ante la Asamblea General, para así brindar asistencia técnica a México para atender la crisis.
Las organizaciones reconocieron la decisión del comité para someter el caso a la revisión de la Asamblea General para establecer un mecanismo eficaz “para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.
Y llamaron a la presidenta a admitir que “132 mil 534 personas desaparecidas es una tragedia humanitaria”, toda vez que la reacción inmediata del gobierno federal fue negar la validez del informe del CE.
“La historia nos ha demostrado que, mientras el Estado mexicano continúe negando a las y los desparecidos, y continúe perpetuando la simulación a través de sus instituciones y reformas, nos estará condenado a todas y todos los mexicanos a que estos delitos de lesa humanidad se sigan repitiendo, y a las víctimas, nos seguirá condenando a continuar transitando en un camino de tortura”.
En México, enfatizaron, “sí existen las desapariciones forzadas, aunque el Estado mexicano lo siga negando. Nos preocupa que su respuesta no haya cambiado, la negación del crimen sigue siendo su política, pero ahora también niegan la ayuda internacional”.
Afirmaron que la llegada del tema a “la Asamblea General es un logro de miles de familias, representa el clamor que llevamos gritando ante el mundo”.
Por su parte, en un comunicado individual, la agrupación Glorieta de las y los desaparecidos manifestó su respaldo a “la determinación del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU”.
Cita que el CED “concluye que existen indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos llevados a cabo en México.
Dice que la decisión del CED muestra la “dolorosa realidad que en la actualidad vivimos miles de familias de personas desaparecidas y que el aparato del Estado mexicano intenta negar tratando de cambiar la narrativa”.
Deploraron que el Estado mexicano llame tendencioso al informe, “lo que muestra que su interés no es la búsqueda de nuestros seres queridos”.
Cierran diciendo que la determinación de la ONU es el logro de una “demanda histórica” de las familias de personas desaparecidas “y la consecuencia de un Estado que no acepta su responsabilidad”.
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