La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) reprobó el uso de recursos del Estado acarrear gente para inflar el registro de aspirantes a candidaturas para la elección de juzgadores del año próximo y anunció que presentará evidencias de ello en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Después de un fin de semana en el que se cerró el registro de personas que desean participar en la elección de jueces, magistrados y ministros, durante el cual hubo un boom desmedido debido a un muy probable “acarreo” del que ya se han mostrado algunas evidencias, la organización de juzgadores manifestó su condena a lo ocurrido, lo que atribuyó al partido en el gobierno.
La Jufed acusó “el uso de recursos del Estado y estrategias desplegadas por el partido oficial para influir en el registro del número de candidatos a la ilegal elección de juzgadores del Poder Judicial de la Federación, que han sido revelados por diversos medios de comunicación”.
De esa forma culpó a Morena de desplegar una estrategia para inflar “artificialmente” el número de aspirantes mediante su estructura nacional, lo que ejemplificó con la grabación de una diputada de ese partido que fue divulgada por el periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiero de la mañana.
Esa movilización de Morena, consideró la Jufed, “busca en realidad colocar a personas afines al partido oficial para controlar las decisiones de los juzgadores federales y anular así la independencia y garantía de una defensa imparcial”.
Al respecto, en medios también se hizo notar que la gran mayoría de las inscripciones al proceso, el 87 por ciento, se hizo a través de los comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, copados por el gobierno y su partido mediante personeros, mientras que el resto fueron por la vía del Poder Judicial, que ha demostrado una mejor organización y mucha mayor transparencia.
La Jufed también anunció en su comunicado que presentará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los testimonios de las acciones mencionadas para de esa forma “seguir documentando las acciones del Estado mexicano para anular la división de poderes”.
